Cinco detenidos en otra operación en Galicia sobre contrataciones irregulares

  • Cinco personas han sido detenidas en una nueva operación contra contrataciones públicas irregulares en Galicia, donde la Policía ha registrado seis ayuntamientos, la delegación de la Xunta en Vigo y la Diputación de Pontevedra para recabar documentación.

Vigo, 18 feb.- Cinco personas han sido detenidas en una nueva operación contra contrataciones públicas irregulares en Galicia, donde la Policía ha registrado seis ayuntamientos, la delegación de la Xunta en Vigo y la Diputación de Pontevedra para recabar documentación.

En la operación, denominada Patos, han sido arrestados el concejal de Vías y Obras del Ayuntamiento de Nigrán (Pontevedra), José Álvarez, junto a administradores y empleados de dos empresas con su ámbito de actuación en la comunidad gallega.

La Policía Nacional no descarta que haya más arrestos "en fechas próximas", en función de la información recabada en los registros practicados a lo largo de la jornada.

La titular del Juzgado de Instrucción 7 de Vigo, Carmen García Campos, ha declarado el secreto de las diligencias abiertas sobre la presunta comisión de distintos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental, entre otros.

Con la Operación Pokemon, de nuevo de actualidad tras el reciente levantamiento del secreto del sumario, Galicia se ha despertado hoy con un reguero de registros en los ayuntamientos de Pontevedra, Vigo, Santiago, Ourense, Nigrán y Ponteareas; en la Diputación de Pontevedra y la sede territorial de la Xunta en Vigo.

También ha habido registros en domicilios particulares y en locales vinculados a las empresas Cespa, Eiriña, Enalvi e Intermediación Medioambiental, Inversiones Patos y Reciclaje y Gestión Medioambiental.

Finalmente, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía no se presentaron en las dependencias de la Autoridad Portuaria de Vigo, tal y como había ordenado inicialmente la jueza instructora, según han informado a Efe fuentes de la entidad portuaria y del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

En el Ayuntamiento de Vigo, la Policía intervino expedientes, discos duros y teléfonos corporativos en las concejalías de Parques y Jardines, Vías y Obras y Limpieza y Distritos.

Los funcionarios de la UDEF recabaron información sobre obras y contrataciones relacionadas con las empresas Eiriña y Cespa durante un registro que se prolongó más allá de las ocho horas.

En el registro en la delegación territorial de la Xunta la Policía recopiló documentación y expedientes de construcción de obras contratadas con Eiriña de la propia delegación y del Consorcio Casco Vello de Vigo.

En el Ayuntamiento de Pontevedra los agentes de la UDEF requirieron información de tres expedientes de la empresa Eiriña.

Antes habían estado en la sede de la Diputación de Pontevedra, que se encuentra a unos 100 metros, adonde habían llegado a las 9.00 horas, y de donde se llevaron cajas con expedientes relativos a actuaciones en Vigo -dos campos de fútbol en Coruxo y Coia-; en Poio, Moraña y Ponteareas.

En el caso de Ourense, la responsable de Medio Ambiente, Susana Bayo, precisó que el cuidado de zonas verdes se adjudicó a la empresa Cespa, pero agregó que tras el otorgamiento hubo un recurso por parte de su inmediata seguidora, por lo que la concesión definitiva se encuentra "paralizada".

En el ayuntamiento de Ponteareas, la documentación intervenida está relacionada con obras junto al río Tea y con la ampliación del contrato de Aquagest del contrato para el mantenimiento de la estación potabilizadora. Adicionalmente, la Policía se ha hecho con una lista de "intereses" de los concejales del PP.

La empresa Cespa ha asegurado, tras tener conocimiento de las investigaciones abiertas por el juzgado de instrucción número 7 de Vigo, que se pone a disposición de la investigación, que confía en la justicia y que es la primera interesada en un "esclarecimiento rápido de los hechos".

Los portavoces de los grupos parlamentarios gallegos han mostrado su preocupación por los nuevos registros en varias instituciones públicas y mientras PP y PSdeG han pedido prudencia, AGE y BNG han insistido en la necesidad de que haya dimisiones. EFE

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