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Una circular del PP permite a Marlaska 'conocer' el trabajo de la Policía Judicial

Se trata de una orden aprobada por la Guardia Civil en 2012 por la que se ordena a las unidades dar una "breve reseña" de operaciones contra cargos públicos. 

Orden Guardia Civil 2012
La circular se aprobó bajo la dirección de Arsenio Fernández de Mesa. 
GC.

La crisis desatada en el Ministerio del Interior por presuntas injerencias políticas en la causa penal del 8-M ha hecho saltar las alarmas por el control que se ejerce desde la cúpula del departamento a la Policía Judicial. Sin embargo, el debate sobre el nivel de intromisión en las investigaciones penales no es nuevo. Una circular de  la Guardia Civil aprobada en 2012, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, ya generó controversia en la clase política por obligar a las unidades a informar con antelación sobre detalles concretos de operaciones que pudieran afectar a cargos públicos. Desde entonces, la orden se mantiene vigente. 

La disposición, recogida por este medio, daba una serie de pautas a las unidades adscritas como Policía Judicial para que dieran una "breve reseña" del operativo en cuestión una semana antes de que se llevara a cabo. Se trató de un mandato del entonces DAO de la Guardia Civil, el teniente Cándido Cardiel. De acuerdo con el mismo, se tenía que dar cuenta del nombre de la operación y la unidad participante, el concepto de la operación, la fecha previsible, un número aproximado de detenidos, el registro de inmuebles que tuvieran previsto practicar y la posible implicación en estas actuaciones de "cargos públicos, de personas y de registros de sedes oficiales". 

La orden exigía además todos estos detalles de los operativos que presentaran "novedades relevantes" pese a encontrarse en fase muy poco avanzada y recordaba que, de no cumplir con todas estas pautas, se entendería el gesto como una "omisión". La circular vio la luz el 9 de abril de 2012, durante la dirección de Arsenio Fernández de Mesa al frente de la Guardia Civil y en un momento especialmente delicado para el Partido Popular por el avance de las investigaciones relativas a casos como la trama Gürtel o los papeles de Bárcenas sobre una presunta financiación irregular en el seno de la formación. De hecho, su aprobación derivó en debate parlamentario si bien la norma, ocho años después, sigue vigente con ligeras modificaciones, tal y como confirman fuentes del Ministerio del Interior a este medio. 

¿Breve reseña o intromisión?

Las fuentes consultadas explican que el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos se produjo porque no quiso informar a sus superiores del desarrollo normal de las actuaciones relativas a la causa del 8-M. Precisamente, ese es el punto clave en todo este embrollo que asociaciones de jueces, de guardias civiles y oposición política piden esclarecer. El objetivo es saber cuáles fueron los motivos exactos para que Marlaska cesara al coronel jefe de la Comandancia de Madrid después de que éste se negara a dar detalles del atestado elaborado por sus subordinados. La propuesta oficial de destitución que adelantó ayer El Confidencial y que venía firmada por la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, achacaba la decisión a pérdida de confianza por no informar "del desarrollo de investigaciones" de la Policía Judicial.

La difusión de este documento de carácter reservado obligó al ministro del Interior a corregir sus explicaciones iniciales en el Congreso y apuntar que si se le requirió información al coronel fue debido a la filtración en prensa del atestado encargado por la magistrada Carmen Rodríguez-Medel. Marlaska insiste en recalcar que en ningún momento se pidió el contenido de este escrito ni desde el departamento que dirige ni desde el Instituto Armado. No obstante, su gestión del asunto la pasada semana provocó un auténtico revuelo dentro del cuerpo militar que se evidenció con las dimisiones del hasta ahora DAO Laurentino Ceña y su 'número tres', el teniente general Fernando Santafé, provocando una honda crisis en el cuerpo militar. 

Las fuentes consultadas por este medio determinan que Pérez de los Cobos llegó a trasladar en alguna ocasión al Ministerio que subordinados suyos habían sido encargados de la elaboración de este atestado que carga duramente contra la Delegación del Gobierno por su gestión con la crisis del coronavirus y que lo que se le reclamó el pasado domingo 24 de mayo antes de hacer efectivo su cese fueron los motivos por los que no informó acerca de la presentación de este atestado a sus mandos superiores. Sin embargo, fuentes del entorno de De los Cobos hablan de injerencia en el trabajo de sus subordinados y consideran que este cese responde a motivos políticos.

Investigación al Gobierno

La duda es saber hasta qué punto la circular aprobada hace ocho años permite que los altos mandos de Interior puedan acceder, aunque sea con datos genéricos, a unas diligencias judiciales secretas; máxime cuando éstas afectan de lleno al Ejecutivo, como recuerdan algunas asociaciones judiciales. Es justamente lo que ocurre en la causa abierta el pasado mes de marzo contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por dar luz verde a las marchas entre los días 5 y 14 de ese mes pese a la amenaza de la pandemia. El atestado de la Guardia Civil concluye que no se tendría que haber celebrado ninguno de estos actos y que el Ejecutivo no actuó de igual forma con todas las convocatorias puesto que obligó a prohibir algunas y, sin embargo, alentó otras, como el 8-M. En este punto concreto no solo se refiere al político de Madrid sino también al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. 

La causa está a la espera de incorporar informe del Ministerio Fiscal, el cual todo apunta que irá en la línea de la Abogacía, que considera que no se ha cometido delito con estos hechos y que se busca impulsar una especie de "causa general" contra el Ejecutivo por la gestión de la crisis. La magistrada, por su parte, no solo ha dado impulso al procedimiento sino que tiene previsto escuchar en sede judicial la próxima semana a Franco y una decena de testigos clave que aparecen en el informe de la Guardia Civil. Además, también intentó frenar en seco toda la polémica relativa a las injerencias en la causa avisando a Interior de que la Policía Judicial tiene protegido por Ley (artículo 126 de la Constitución) no revelar el contenido de sus diligencias a nadie que no sea el magistrado o la magistrada que las haya ordenado. 

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