El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ya tiene nuevo 'número dos' tras la abrupta salida de la exsecretaria general. El presidente del organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia cesó de forma fulminante la semana pasada a Ana María de de Miguel, una histórica de los diferentes gobiernos del PSOE que llegó a ser subsecretaria de Justicia en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, por desevenencias internas. El elegido es un técnico de la casa que se incorporó al centro apenas unos días antes de que estallara la crisis de la Covid-19.
Pablo Torres es el nuevo secretario general del CIS, lo que suponde, de facto, convertirse en número dos de la institución. Este lunes, según informan fuentes del CIS, se ha producido su nombramiento oficial y ha sido presentado a los trabajadores. Sus funciones a partir de ahora van a ser la gestión económico-financiera, presupuestaria y de régimen interior, así como la dirección del personal. También es de su competencia la elaboración del anteproyecto del presupuesto del próximo ejercicio y la elaboración de la Memoria anual. También desempeña todas aquellas actividades relacionadas con aspectos legales y administrativos, y la secretaría del Consejo Asesor.
El nuevo secretario general del CIS recaló como funcionario de carrera en el organismo el pasado mes de febrero. Según consta en el BOE del 10 de ese mes, apenas un mes antes de decretarse el estado de alarma, Torres consiguió su plaza en el organismo como funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
Ana María de Miguel, por su parte, fue cesada la semana pasada por desavenencias internas con Tezanos, según avanzó La Información, tras apenas nueva meses en el cargo. Esas discrepancias se referían a la forma de abordar determinadas cuestiones relacionadas con la llamada 'cocina' de los sondeos. Los nuevos modelos de trabajar del presidente del CIS -explican- han generado críticas internas que han acabado con la propuesta de cese de la número dos del organismo. Otras fuentes señalan de el cargo de secretaria general es un puesto más político que técnico, de máxima confianza del presidente, y que, por tanto, Tezanos elige en todo momento a su equipo.
Los críticos en el CIS denuncian que Tezanos va por libre y que no consensúa con la dirección del centro algunas de las decisiones. La situación, dicen, es de no retorno. Mientras, en el entorno del sociólogo aclaran que la confianza de Moncloa en él sigue siendo absoluta y que sus trabajos y "consejos" son valorados especialmente por Pedro Sánchez y su equipo de colaboradores.
Ana María de Miguel es una veterana de la administración socialista. Fue subsecretaria del Ministerio de Justicia en la etapa de Juan Fernando López Aguilar y más tarde aterrizó en Moncloa. Sustituyó en el CIS a Ignacio Angulo, actual subdirector general de Desarrollo y Sostenibilidad Turística. También estuvo destinada en Bruselas como responsable de la comunicación del Gobierno socialista.
La Información se ha vuelto a poner en contacto con el CIS para conocer su versión sobre el cese y nombramientos por parte de su presidente pero el organismo no ha respondido a la solicitud planteada.
Nuevos modelos de trabajo en el CIS
El cese y nombramiento en el CIS surge en pleno proceso de transformación del centro. Tezanos ha acabado con las encuestas en papel y ahora las entrevistas se están realizando utilizando un sistema de tablets digitales. Pero una de sus últimas decisiones ha sido incorporar un sistema de grabado de las entrevistas, el llamado CATI, que también ha levantado ampollas entre un grupo de trabajadores. En concreto, el CIS acaba de licitar la contratación del alquiler de los software necesario para la realización de estas encuestas. El contrato, negociado sin publicidad, ha sido adjudicado a la firma Tecsible por 76.000 euros.
El sistema CATI ya se ha empleado para los tres últimos barómetros políticos y se volverá a hacer para el próximo, el de julio, estudio electoral del CIS. Sin embargo estos trabajos de campo han sido externalizados. Tal y como se contó en estas páginas, el centro dependiente del Ministerio de Presidencia ha contratado a una nueva empresa privada de encuestas, Imop, para realizar las entrevistas telefónicas grabadas a través también de un procedimiento negociado sin publicidad y de urgencia. Para los sondeos de abril y mayo se recurrió a Intecampo S.A., una firma que trabajó con el principal laboratorio de ideas de Ferraz, la Fundación Sistema.
El CIS se ha encontrado prácticamente paralizado durante la declaración del estado de alarma. No ha podido realizar encuestas presenciales y eso es un handicap para el organismo. Por eso ha tenido que volver a adjudicar este contrato a una firma del sector privado que sí tenga capacidad para realizar las encuestas a través del teléfono. El importe final ha sido de 74.380,17 euros a través de un contrato, de nuevo, negociado sin publicidad.
Los trabajadores del organismo no entienden porque estos barómetros electorales no los pueden hacer ellos. Llevan prácticamente tres meses parados, sin cobrar, ya que su remuneración depende de realizar encuestas presenciales. Tampoco han recibido ayudas o han podido acogerse a un ERTE. Algunos son estudiantes o hacen entrevistas compatibilizándolo con otro trabajo, pero para decenas y decenas de familias el CIS es su principal sustento económico. En el centro demoscópico oficial trabajan en torno a tres centenares de encuestadores.
