Cita y apedanica presentan un recurso ante la audiencia por la querella sobre el fraude en la subasta eléctrica

Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (CITA SLU), la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (Apedanica) y el ingeniero de minas y criminólogo Miguel Ángel Gallardo han interpuesto ante la Audiencia Nacional (AN) un recurso de apelación, tras la querella presentada en diciembre por el presunto fraude en la subasta eléctrica, en el que piden recopilar toda la documentación relativa al expediente abierto a Iberdrola por manipulación de precios.
El recurso, interpuesto ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, se produce después de que el pasado 23 de diciembre CITA, Apedanica y Gallardo interpusieran una querella criminal ante la AN para que se investigara si en la última subasta Cesur del mes de diciembre se manipularon los precios de la electricidad.
En el recurso introducen una nueva variable referida al expediente sancionador incoado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el pasado mes de junio contra Iberdrola por “manipulación fraudulenta de precios”.
Así, en las nuevas diligencias solicitan a la AN que se requiera a la CNMC toda la documentación relevante y todo el expediente con las últimas actuaciones administrativas del organismo regulador, y es que, a su juicio,” no puede negarse que la manipulación fraudulenta que altere precio según la CNMC es, como mínimo, claro indicio de alguno de los presuntos delitos con los que se fundamentó nuestra querella”.
También es, en su opinión, un indicio de otros delitos relacionados “con la falsedad y la defraudación en los precios de la electricidad que el mismo ministro de Industria denunció y actualmente se investiga en procedimiento sancionador” sobre el que piden que se instruya judicialmente “lo antes posible”.
De igual forma, piden al juzgado de la Audiencia Nacional requerir a OMEL, como entidad subastadora y depositaria de los archivos y registros, copias de los soportes informáticos “suficientes como para que pericialmente pueda evidenciarse cualquier hecho ocurrido antes, durante y después de la subasta anulada” en diciembre de 2013. En todo caso, “la Policía Judicial debe identificar a todos los responsables, los sistemas y los archivos de OMEL y sus participadas”, añaden.
Por otra parte, CITA, Apedanica y Gallardo consideran que los metadatos de los agentes económicos “deben servir para instruir todos los indicios de los delitos económicos imputables”, por lo que demandan “que se preserven los ‘archivos LOGs’ de los correos electrónicos corporativos y los datos o metadatos de todas las llamadas de los teléfonos corporativos de Iberdrola Generación”, así como de cualquier otra entidad relacionable con hechos ilícitos.
“Los metadatos telefónicos y telemáticos corporativos son borrados en poco tiempo y de no preservarse sería mucho más difícil la instrucción eficaz de los hechos delictivos anteriores y posteriores a la subasta anulada”, añaden.