Ciudad Juárez se estremece por las 18 muertes en ataque a centro de adictos

Ciudad Juárez (México).- Las autoridades de Chihuahua investigan hoy el asesinato de 18 jóvenes acribillados en un centro de rehabilitación en la mexicana Ciudad Juárez, localidad fronteriza con El Paso (Texas, EE.UU.), bajo la sospecha de que la acción fue perpetrada por el crimen organizado.

El saldo del ataque, registrado anoche, es de 18 jóvenes muertos y dos más heridos de gravedad en la acción más violenta ocurrida en la zona después de que el 4 de marzo murieran 20 reos en un choque entre bandas rivales en una cárcel estatal.

Sicarios armados con fusiles AK-47, característicos del narcotráfico mexicano, entraron ayer en el centro contra las adicciones de "El Aliviane" y abrieron fuego contra una veintena de jóvenes de entre 18 y 30 años que estaban reunidos en oración.

El secretario de Seguridad Pública de Chihuahua, Víctor Valencia, explicó hoy que entre las hipótesis se indaga si las víctimas, cuya identidad aún no ha trascendido, tenían "ligas con un grupo de la delincuencia organizada".

"Se supone o presupone que las personas que llegaron, los sicarios, pertenecen a otro grupo delictivo" rival, sostuvo en una entrevista con la emisora MVS.

Valencia admitió que el nuevo incidente "ha impactado sin duda a las familias y a la sociedad en general" de Chihuahua, un estado que está inmerso en "una crisis, no solamente en materia de seguridad pública" sino de "valores" y "falta de respeto a la legalidad" que deriva en comportamientos "escalofriantes" como el de ayer.

El atentado se suma a otros tres registrados en el último año en centros de apoyo a drogodependientes, en los que las víctimas fueron igualmente adictos que pretenden refugiarse de la violencia mafiosa o disfrazar sus nexos con el tráfico de drogas.

El familiar de un joven que se encontraba en el centro y presenció los hechos explicó a Efe bajo condición de anonimato que los sicarios colocaron a los jóvenes de rodillas en el pasillo principal del centro y dispararon contra ellos.

"Se escucharon dos disparos, como si hubieran matado a una sola persona. Luego vinieron las ráfagas. Fueron como cien disparos", narró.

Tras los hechos, al menos un centenar de militares, policías locales y federales, y agentes de la PGR acudieron al lugar de la matanza.

Ciudad Juárez es la urbe más violenta de México con 1.600 asesinatos el año pasado de los más de 6.000 ocurridos en todo el país, y en lo que va de año éstos superan los 1.500.

En la localidad opera el cartel de Juárez y su control es disputado por el cartel de Sinaloa.

Pese a que más de 8.000 militares y policías federales fueron desplegados en la zona desde principios de año, la ola de la violencia crece y se ha cobrado más de diez víctimas diarias en promedio en agosto, el mes más violento de los que se tiene registro.

En el III Informe de Gobierno, hecho público esta semana, el presidente de México, Felipe Calderón, señaló en el apartado dedicado a los operativos antidroga que "el desafío mayor" para su país se encuentra en la ciudad, "donde se combate a la delincuencia de manera frontal".

El experto en seguridad del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Edgardo Buscaglia, cuestionó hoy esa aseveración y sostuvo que el mayor reto en este país es "romperle los tentáculos a los grupos criminales desde el punto de vista patrimonial y financiero".

"Lo de Ciudad Juárez es un síntoma", asegura Buscaglia a MVS, quien ve tras el auge internacional de los carteles mexicanos las "alianzas" con políticos y empresarios "de primera línea en México y en el exterior".

En tanto no se combatan las redes financieras "la violencia va a continuar aumentando", agregó.

El experto asocia además la actual ola de violencia en México, que ha costado la vida a 4.800 personas en lo que va de año, según datos extraoficiales del diario El Universal, con "una multiplicación de focos de paramilitarismo" en distintos estados por causas variadas.

"En algunos casos se deberá a que asesinan a gente que está colaborando con autoridades, en otros a gente como modo de intimidación, un alcalde o un gobernador", concluyó Buscaglia.