Las complicadas negociaciones que afronta el Gobierno de coalición para sacar adelante sus primeros Presupuestos empiezan a estar condicionadas por las exigencias de quienes tienen en su mano aprobarlos. El que ya ha empezado a moverse hace tiempo para conseguir sus objetivos a cambio de sus votos es Ciudadanos, cuya primera petición tiene que ver con uno de los asuntos más urgentes: la prórroga de los ERTE. Los naranjas reclaman que la extensión de estos expedientes más allá del 30 de septiembre se resuelva de manera inmediata, en una acción coordinada entre la dirección nacional y varios grupos parlamentarios autonómicos. Una cuestión en el que la novedad es que los de Inés Arrimadas exigirán que no se ejecute el recorte al 50% la prestación que percibe el trabajador cuando lleva seis meses en este proceso, como ha podido saber La Información.
Esta será la petición más inmediata que trasladará Arrimadas a Pedro Sánchez en la reunión que mantendrán el miércoles en Moncloa, según las fuentes consultadas por esta redacción. La propuesta de los naranjas se centrará en los tres ámbitos que vertebran los ERTE. El primero será el de su duración, ya que no quieren que vuelva a ocurrir como en junio y no haya acuerdo para la prórroga hasta el último día. El segundo es el de impulsar el refuerzo de las oficinas del SEPE para que se agilice la tramitación de los procesos y los afectados no tengan que esperar más tiempo a cobrar lo que les corresponde, al exigir un "atasco evidente" en varios puntos del país. Por último, que esa paga para quienes han sido incluidos en el expediente no se recorte al 50% cuando lleven seis meses en esa situación. Algo que ya están sufriendo quienes están en esta situación desde el principio de la pandemia en marzo.
Esa reducción de la prestación de un 70% de la base reguladora al 50% es lo que más inquieta en el partido naranja, que comparten preocupación con los sindicatos. Hasta 800.0000 personas estarían afectadas de este recorte que marca la ley, por lo que en Ciudadanos consideran que si esto se concreta se dejaría a centenares de miles de familias "en una situación límite" en la que muchos tendrían dificultades para afrontar el mes, según las fuentes consultadas. La fórmula para concretar la medida no está clara, ya que Ciudadanos aún no desvela cuál sería su recomendación para llevarlo a cabo. Sí tienen claro que debería invertirse parte de los fondos europeos que recibirá España para ello. Pero todo parece pasar por un acuerdo en el diálogo social, aunque lo determinante será la voluntad del Gobierno para continuar asumiendo una paga superior a la que le tocaría a quienes continúan en ERTE en septiembre.
Con este paso, los naranjas buscan ser claves en una decisión tan determinante para miles de trabajadores afectados por la paralización económica que produjo el coronavirus. El movimiento institucional para ello es la presentación de Proposiciones No de Ley en Parlamentos como el de Madrid, donde la propuesta ya ha sido registrada y será defendida por su portavoz parlamentario, César Zafra. Pero el que puede ser más eficaz será el encuentro de Arrimadas con el presidente del Gobierno, el primero en el que Sánchez acudirá con una posición de negociación acordada previamente con Unidas Podemos. Lo que será una novedad en la relación entre naranjas y socialistas, ya que hasta el momento los de Pablo Iglesias habían rechazado toda negociación con el partido que cuenta con 10 parlamentarios en el Congreso.
Tras ser importantes en la decisión que se tomó meses atrás de desvincular los ERTE del estado de alarma, Cs vuelve a centrarse en este asunto para perseverar en su nuevo rol de partido de centro y negociador. El argumento principal para instar a la extensión de tiene que ver con los datos de empleo, que empeorarían notablemente si esa prórroga no se produce. A lo que se suma la cantidad de trabajadores que podrían quedarse sin el beneficio que por ahora les ha permitido mantener su trabajo. Un cóctel que se volvería indigesto tanto para Moncloa como para los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, que llevan semanas destacando lo bien que ha funcionado este sistema.
A falta de concretar dicho alargue, el Ejecutivo ya está trabajando en las condiciones que tendrá el mismo. La inspiración actual es el modelo alemán del gobierno de Angela Merkel, donde se fomenta la inversión en formación del empleado en medio de una situación de caída de producción y en el que el Estado asume hasta dos tercios de los salarios. Un primer paso hacia un modelo "permanente", pero que por el momento en España se centrará en los sectores más afectados, como la hostelería o el turismo. Tanto la reunión de Arrimadas con Sánchez como la que mantendrán los agentes sociales en Palma serán las que definan el futuro de los trabajadores afectados.
Que no haya más críticas a Madrid
Fuera de los ERTE, uno de los temas que Arrimadas pondrá sobre la mesa a Sánchez es que haya más lealtad institucional entre el Gobierno central y las autonomías para esta segunda oleada de la pandemia. En concreto, Ciudadanos considera que las dos almas del Ejecutivo están realizando ataques severos contra las autonomías que no son de su signo político. Una petición que responde a los desencuentros que llevan produciéndose desde el principio de la crisis sanitaria entre Moncloa y la Comunidad de Madrid. De hecho, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se quejó de un supuesto "ensañamiento" con su región después de que el director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, mostrase su preocupación por los datos de positivos y hospitalizados de Madrid. Por lo que los naranjas le pedirán que cesen esas actitudes, "para así remar todos juntos hacia la recuperación", explican fuentes de los naranjas.
Además, Ciudadanos quiere que Pedro Sánchez asuma el "liderazgo" y sea el que coordine a las autonomías para superar esta nueva ola de la Covid-19. Es decir, le reclamarán que no se escude en que son las comunidades las que tienen las competencias sanitarias y educativas, y sea quien proponga soluciones para todos a la vez. Lo que va en la línea de lo que reclamó el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, que lamentó que hubiera "17 legislaciones distintas" para contrarrestar los efectos del virus. Algo que a su juicio entorpecía las medidas necesarias para contener su expansión. Especialmente, con la vuelta a los colegios a punto de producirse.
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