Ciudadanos extiende el 'pacto andaluz' a la comisión sobre los cursos de formación

El Parlamento de Andalucía ha aprobado por unanimidad la creación de una comisión de investigación sobre el fraude de los cursos de formación desde 2002, la trama que implicó a los gobiernos socialistas de Cháves y Griñán.

La propuesta que finalmente ha salido adelante ha sido la de Ciudadanos, tras recibir el apoyo del PSOE. Los socialistas han evitado así que prospere la petición del PP, prácticamente idéntica a los de Rivera, pero con una diferencia esencial: la comparecencia de la actual presidenta, Susana Díaz, consejera de presidencia y secretaria de Organización del PSOE-Andaluz en los años investigados.

Ciudadanos no despeja por el momento si solicitará las explicaciones de Díaz, algo que, al menos en el discurso oficial, no descarta, pero de lo que el resto de grupos recelan. El presidente y portavoz del grupo parlamentario, Juan Marín, ha asegurado que la comisión "llegará hasta donde tenga que llegar, y en ella comparecerá toda aquella persona que tenga que aportar información para esclarecer lo sucedido". La otra polémica está en la intención de paralizar las comparecencias durante la campaña de las generales, algo que Marín ha considerado "lógico y razonable" para asegurar que "la corrupción no tape el debate político como sucede en otros puntos de España, caso de Cataluña". Marín ha reclamado a los partidos "dejar a un lado los intereses partidistas".

Desde el PSOE, por su parte, aseguran también que se exigirán "todas las responsabilidades" que hayan existido. El 'pacto' entre Ciudadanos y socialistas permitirá que la presidencia de esta Comisión sea para el diputado de la formación naranja, cargo que recaerá en el diputado Julio Díaz. Se da la circunstancia de que Díaz fue concejal del PSOE en Palma del Condado (Huelva) durante ocho años.

Ahora, tendrá capacidad para fijar los calendarios y decidir el ritmo de las comparecencias. Los populares han recordado que el fraude, cifrado en 3.000 millones de euros según las investigaciones de Policía y Guardia Civil y que se dilucida en 18 juzgados, es el "más grave" del país, mientras desde Podemos se insiste en la "falta de transparencia en el manejo de fondos públicos".