Ciudadanos no romperá con Ayuso por el caso del 1%: "Es de hace dos legislaturas"

Los nuevos contratos que ha encontrado la Comunidad de Madrid con la cláusula del 1%, la misma que se utilizó supuestamente en la trama Púnica para financiar la 'caja B' del PP de Madrid, no afectará al gobierno bipartito de 'populares' y Ciudadanos. El partido naranja no considera que este caso afecte al actual Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso, al tratarse de hechos que se encuadran entre los año 2009 y 2013. "Es algo que pasó hace dos legislaturas. Ni siquiera salpica a la etapa de Cifuentes", señalan las fuentes consultadas por La Información, que descartan por completo que el vicepresidente, Ignacio Aguado, vaya a pedir cuentas por este caso a su presidenta. Aunque recuerdan que la formación "no pasará ni una" con asuntos de corrupción que afecten a su socio.

Estos contratos, cuya existencia se conoció esta semana, correspondían a la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Viviendas durante las presidencias de Esperanza Aguirre e Ignacio González. Ese 1% era el que se obligaba a destinar a las empresas adjudicatarias de las obras públicas a la publicidad de los proyectos, lo que implicaba la contratación de una agencia que preparase la campaña. Un porcentaje que está bajo sospecha, ya que la Audiencia Nacional investiga su uso para acometer la financiación ilegal del PP madrileño entre 2004 y 2014, como apuntó el magistrado Manuel García Castellón en el auto por el cual acordó la imputación de la propia Aguirre. Y que, como señaló el propio juez, también se utilizó para desviar fondos a los 'populares' por medio de la promoción de los hospitales que construía la Consejería de Sanidad.

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Para Ciudadanos, esta investigación no afecta a ninguno de los consejeros actuales que forman parte del Ejecutivo formado en julio de este 2019. El único con pasado en los gobiernos de Aguirre y González es el actual consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty. Aunque estuvo al frente de la cartera de Migraciones entre 2007 y 2010, y posteriormente se ocupó de la de Sanidad desde ese último año hasta 2014, su nombre nunca ha salido vinculado a la trama corrupta que según la investigación lideraron González y Francisco Granados. El otro nombre vinculado a los 'populares' que sigue en el Consejo de Gobierno es el del actual consejero de Transportes, Ángel Garrido. Pero sus responsabilidades en la región se limitan a la legislatura que comenzó Cristina Cifuentes y que terminó él como presidente, etapa no afectada por esta documentación. 

Según García Castellón, la trama engordó la 'caja B' a través de esos contratos "con elevados presupuestos" para introducir dicha cláusula, lo que les permitía "simular la necesidad de contratación de publicidad" destinada a distintas campañas. Para ello, se obligaba a las compañías adjudicatarias de las obras a "incrementar la oferta que presentaban al concurso en ese 1%". Lo que suponía un perjuicio para las arcas públicas "al verse minorados sus fondos" por destinarse más dinero a esta partida que al resto. Esto implicó que las firmas no contratasen en ningún caso la publicidad de la construcción y se centrasen en "atender las órdenes de pago de las facturas emitidas" por las mercantiles que les mandaba la Consejería para la que hicieran el proyecto. Algo por lo que señaló a Ignacio González y a los exconsejeros Francisco Granados y Manuel Lamela.

Durante aquellos años a los que corresponde la documentación, la Consejería de Transportes tuvo varios titulares. En 2009 estaba al frente de la misma José Ignacio Echevarría, que después fue imputado en el caso Púnica, y que permaneció en la cartera hasta 2011. Posteriormente ocupó el puesto Pablo Cavero, nombrado por Aguirre y confirmado por González cuando este último asumió la presidencia por la dimisión de la 'lideresa' madrileña. Echevarría es el que ha tenido más problemas judiciales por su paso por el PP madrileño y la Comunidad. Aunque también ayudó en la investigación de Fundescam aportando datos claves en calidad de patrono de la misma. Según relató, las reuniones de la fundación ligada al PP regional, que se utilizó supuestamente para financiar ilegalmente al partido, se celebraban en la sede de Génova, 13. Por lo que su carácter independiente de la formación quedó aún más en entredicho.

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La documentación salió a la luz tras una petición del grupo parlamentario de Unidas Podemos Izquierda Unida sobre este tipo de contratos, a la que el gobierno regional respondió desvelando su existencia. Lo que ha provocado una nueva polémica para el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que aseguró que no había "nada nuevo" en estos nuevos papeles. Una postura a la que añadió una defensa de la gestión de Esperanza Aguirre, por la que mostró su confianza "mientras no se demuestre lo contrario".

La presidenta ya tuvo que dar explicaciones a su socio de gobierno por su supuesta vinculación con la causa de Avalmadrid. Por este motivo se vieron las primeras fricciones entre la presidenta y Aguado, ya que Ciudadanos votó a favor de la creación de la comisión de investigación sobre el caso. Lo que, según Ayuso, no le pareció "lógico ni prudente" por tratarse de la formación de su vicepresidente. Pero que se viera salpicada por el préstamo que concedió la empresa semipública a su padre no le ha generado por el momento problemas judiciales. Además, Cs ha sido clave con sus votos para impedir que la jefa del Ejecutivo autonómico tuviera que  comparecer en esa comisión.

Este hallazgo también ha servido a la oposición para exigir explicaciones al gobierno actual. Para lo que partidos como Más Madrid han puesto el foco en personas vinculadas con los Ejecutivos de entonces y que aún desempeñan responsabilidades políticas. Es el caso del actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ejerció como secretario general del consejo de gobierno regional entre 2011 y 2013. Lo mismo ocurre con el delegado de Medio Ambiente y Movilidad del consistorio, Borja Caravante, que se encargó de la dirección de Carreteras que adjudicó esos contratos. Según el partido de Íñigo Errejón, Almeida y Caravante "estaban allí" en los años de esta supuesta corruptela. Motivo por el que ha solicitado su comparecencia en la Asamblea de Madrid. Aunque ninguno de los dos ha sido vinculado a la causa por el juez instructor.