Ciudadanos y Vox han presentado una serie de medidas judiciales contra los indultos otorgados a los líderes independentistas por parte del Gobierno. Sin embargo, han actuado de forma diferente. Mientras que Ciudadanos ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo a título individual, basado en que Inés Arrimadas y otros dirigentes catalanes resultaron perjudicados por el "procés", Vox, por medio de su secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, han anunciado una "batalla judicial con el equipo jurídico de juristas de Vox".
En declaraciones a los medios tras presentar el recurso, el portavoz del partido y experto jurista, Edmundo Bal, ha explicado que el argumento que han utilizado para presentar este recurso se sustenta en que tanto Arrimadas como el actual portavoz en Cataluña, Carlos Carrizosa, y José María Espejo, eran diputados del Parlament cuando se aprobaron las leyes de desconexión, en septiembre de 2017.
Y, añade, "Se les limitó el derecho de participación política, sus derechos fueron violentados" y, por tanto, al resultar entonces directamente perjudicados, cree que tienen "legitimidad" para recurrir ahora los indultos. Además, han solicitado medidas cautelarísimas y cautelares para que, mientras se tramita el procedimiento judicial, se suspendan los indultos y los nueve condenados por el 1-O vuelvan a la cárcel, una decisión sobre la que Bal cree que habrá algún pronunciamiento por parte del alto tribunal la semana que viene o a principios de la siguiente.
Desde Vox afirman que "Vamos a dar una batalla en el contencioso administrativo para que este gobierno quede donde tiene que quedar: ante la opinión pública como unos mentirosos, como unos prevaricadores, y desde el punto de vista de la justicia, habiendo sido derrotados". Y así lo ha confirmado el presidente de Vox, Santiago Abascal, que ha acusado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber cometido un "acto de corrupción" al aprobar los indultos a los condenados por sedición y de haber dado "una puñalada por la espalda a su majestad el rey".
Sin embargo, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha criticado que la derecha vuelva a intentar "judicializar" un conflicto político, con sus recursos ante el Tribunal Supremo contra los indultos a los organizadores de la consulta ilegal del 1 de octubre de 2017, aunque ha confesado que no les "sorprende". "No podemos dirimir la política en sede judicial y pasar una patata caliente a los tribunales de justicia. Debemos respetar que las actuaciones que permiten la política se discutan en el ámbito de la política", ha reclamado.
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