Manila, 29 ago.- La empresaria filipina Janet Lim-Napoles acusada de defraudar millones de dólares de fondos públicos en confabulación con varios parlamentarios es interrogada hoy por la Policía tras entregarse anoche después de dos semanas fugitiva.
El juez Elmo Alameda, de los juzgados del distrito financiero manileño de Makati, ordenó hoy su ingreso en prisión y fijó la vista del caso para el 9 de septiembre próximo.
Janet Lim-Napoles, acompañada de su marido, Jimmy Napoles, y la abogada Lorna Kapunan acudió anoche al palacio de Malacañang, la residencia del jefe del Estado, donde se rindió ante el presidente del país, Benigno Aquino.
El mandatario había anunciado esa misma mañana del día 28 una recompensa de 10 millones de pesos (más de 223.000 dólares o 167.000 euros) por la captura de la empresaria fugitiva.
La letrada Kapunan explicó en una entrevista a una emisora de radio local que su cliente decidió reaparecer y entregarse porque temía por su vida.
"Hay gente que quiere silenciarla para siempre. Por eso era el momento adecuado (para entregarse). Además, dice que no tiene nada que ocultar", manifestó la abogada.
El ministro del Interior, Manuel Roxas, confirmó este argumento y reveló que lo único que Lim-Napoles requirió a Aquino cuando se entregó es que garantizase su protección.
"El presidente le dijo que lo mejor que podía hacer ahora es contar toda la verdad y presentar pruebas", señaló Roxas.
Según el ministro del Interior, la empresaria contestó al mandatario con un "sí".
El propio presidente filipino, Roxas y el director de la Policía Nacional, Alan Purisima, acompañaron a Lim-Napoles hasta comisaría, donde ingresó a las 21.37 hora local (13.37 GMT) y pasó la noche.
El supuesto fraude de la empresa JLN Corporation, que preside Lim-Napoles, surgió antes del verano, cuando uno de sus colaboradores, Benhur Luy, filtró a la prensa el escándalo de legisladores que cobraban comisiones por adjudicar fondos públicos a proyectos ficticios.
JLN Corporation reintegraba a los parlamentarios entre el 40 y el 45 por ciento del capital recibido y les aportaba justificantes de organizaciones no gubernamentales fantasma e incluso solicitudes falsificadas de alcaldes y gobernadores que defendían la conveniencia de esos proyectos.
Cada senador filipino recibe del Estado 200 millones de pesos (4,5 millones de dólares o 3,3 millones de euros) para invertir en proyectos de desarrollo prioritario en sus circunscripciones, y los congresistas, 70 millones de pesos (1,6 millones de dólares o 1,1 millones de euros).
Según la Oficina Nacional de Investigación, cinco senadores y 23 diputados entregaron parte de sus fondos especiales a organizaciones no gubernamentales falsas para proyectos inexistentes por un valor de 10.000 millones de pesos durante la década pasada.
Luy ingresó en el sistema de protección de testigos a principios de julio.
A mediados de agosto, el citado tribunal de Makati emitió una orden de arresto contra Lim-Napoles y su hermano Reynald Lim, y poco después se descubrió que ambos se ocultaban.
Hace dos días, la Policía reconocía que todavía no habían dado con los fugitivos y que habían desaparecido los tres yates que la familia Napoles tenía anclados en el Puerto Náutico de Manila.
Este escándalo de corrupción, el último de una larga lista en Filipinas, provocó que cientos de miles de personas se manifestasen por todo el archipiélago el lunes pasado para pedir la eliminación de estos fondos especiales, conocidos en el país asiático como "pork barrel".
Los detractores de este sistema mantienen que los legisladores corruptos utilizan esos fondos para ganar votos y por lo tanto suponen una fuente de corrupción política.
El hermano de Lim-Napoles sigue en paradero desconocido.
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