Las preguntas y respuestas que hay que saber sobre el conflicto de la estiba

La situación se ha tornado cada vez más compleja e incluso el Gobierno ha tenido que implicarse, de manera inevitable, en un problema que fue desencadenando diversos episodios, hasta tornarse en un tema crucial no solo desde el punto de vista político y económico, sino también social. Este mismo jueves el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha sufrido un tremendo traspié en el Congreso por el conflicto con los estibadores.

La estiba es la única profesión no abierta a la libertad de contratación en nuestro país. Los estibadores son personas que se dedican a la carga y descarga de los buques en los puertos marítimos. Al margen de esas labores en los navíos, también distribuyen la mercancía en los barcos, de tal manera que se pueda transportar con la máxima seguridad a la vez que ocupe el mínimo espacio posible en los navíos.

En este sector destacan principalmente tres puertos: Valencia, Algeciras y Barcelona. Entre ellos acumulan el 42% del tráfico portuario de mercancías que entran y salen de España. ¿Por qué se ha suscitado el conflicto? ¿Qué ha llevado a los estibadores a su amenaza de huelga? ¿Cuáles es el horizonte de cara al futuro, tras ser rechazado el decreto del Gobierno en el Congreso y cómo podría quedar resuelto el problema? A continuación, estas son las claves imprescindibles que hay que tener en cuenta para comprender el escenario:¿Cuándo y por qué comienza el conflicto con los estibadores?

Las nuevas normas de la UE y la necesidad de "mejorar la competitividad" del sector, como reclama la patronal, han puesto en pie de guerra a los estibadores. Hasta ahora, los trabajadores han conseguido mantener (en general) muy buenas condiciones laborales -entre las que destacan sus más que dignas remuneraciones-. Pero el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea emitió el 11 de diciembre de 2014 una resolución que obliga a liberalizar el sector en nuestro país para garantizar la competencia.

De este modo, cuando la UE y la patronal comenzaron a ejercer presión para concretar la liberalización del sistema actual de la contratación que les afecta, que además implicaría una bajada de los sueldos de hasta un 60% (un estibador gana, de media 65.000 euros anuales) los estibadores decidieron abroquelarse para intentar seguir manteniendo las mismas reglas del juego de este oficio tradicional. Hasta ahora, por convenio, las empresas estibadoras tienen que participar en las sociedades anónimas de gestión de trabajadores portuarios (Sagep) para contratar y gestionar a los estibadores. Hay una Sagep en cada uno de los 46 puertos de interés general españoles. Esa condición es una de las más importantes que la normativa europea exige eliminar. Erradicar las 'barreras' para la contratación ha suscitado uno de los grandes motivos de polémica entre las partes.¿Qué medidas exige la UE a España para aplicar en el sector?

La mencionada sentencia establece que España debe modificar de manera urgente la legislación portuaria, que regula la prestación del servicio de manipulación de mercancías de los puertos nacionales. Traducido en hechos, insta a que las empresas puedan contratar libremente a sus trabajadores, sin tener que pasar por las Sagep. Y no solo eso, exige que a partir de ahora cualquier estibador de la UE pueda ser incorporado al sector en España. De momento, este aspecto era absolutamente hermético y en la estiba solo trabajan personas nacidas en nuestro país.¿Qué criterios quedaron fijados en esa primera sentencia?

España ya ha sido condenada a una multa de 21 millones de euros por incumplir la normativa europea. En otras palabras, fue castigada por ser mantener un régimen de estiba contrario al derecho de la UE, al ser violado el principio de libertad de establecimiento empresarial por la obligación que las empresas estibadoras tienen de formar parte del capital de las sociedades de estiba y también por la obligación para las empresas de contratar el personal con carácter preferente de dichas sociedades.¿Cuál es la posición del Gobierno?

El Ejecutivo de Mariano Rajoy ya ha dicho que su objetivo es proteger el sector de la estiba, pero que debe amoldarse sí o sí a las pautas de la UE. En caso de no hacerlo (ya han pasado más de dos años desde la sentencia del Tribunal Superior de Justicia europeo) puede recibir una multa diaria de 134.000 euros, desde ahora (además de la ya percibida de 21 millones) por cada jornada que no ponga en práctica lo exigido por la Justicia. Peor aún: la Comisión Europea ya ha denunciado por segunda vez a España ante el Tribunal de Luxemburgo por no abordar la primera sentencia y acatar el fallo.¿Cuál es la postura de los trabajadores?

Consideran que, si se flexibilizan las condiciones, lo que en realidad busca el Gobierno es realizar un ERE 'encubierto' que afecte en gran medida los puestos de trabajo que se mantienen hasta ahora. ¿Por qué correrían riesgo esos empleos, desde su óptica? Sus portavoces y representantes sindicales han afirmado que los empresarios de la estiba, con las nuevas 'herramientas' regulatorias en manos de los empresarios, no tardarían un ápice en acudir a las contrataciones libres en el mercado. Éstas podrían resultarles más rentables económicamente, puesto que el salario medio de un estibador en la actualidad supera los 65.000 euros anuales, como quedó dicho.¿Qué ofrece el Gobierno para resolver el conflicto?

El Gobierno ha presentado un Real Decreto que, en verdad, era una suerte de herramienta 'paliativa' (por ahora) que buscaba una transición para no cambiar radicalmente el escenario de la noche a la mañana. El decreto establecía cambios sustanciales, es verdad, pero para que se consumen concedería un plazo de transición de tres años. Eso sí, su iniciativa, transcurridos los 36 meses desde la promulgación del decreto y de las modificaciones 'graduales' que se vayan implementando, se ajustarían en su totalidad a la norma de la UE, al menos en el grueso de esa disposición. Estos es: libertad de contratación y la no obligación de las empresas de estiba de formar parte de una sociedad que suministra los trabajadores.

Las Sagep podrán desde entonces liquidarse o convertirse en empresas de trabajo temporal (ETT). Y coexistir con Centros Portuarios de Empleo, que según Puertos del Estado, darán estabilidad al empleo. Una cosa más, que ha generado sumo malestar a los estibadores: en materia de formación para el desempeño de la estiba exigirá una cualificación profesional de los títulos o una experiencia de 100 jornadas de trabajo.

'In extremis' el Gobierno fracasó en su intento de que patronal y trabajadores acerquen posturas. Este miércoles jugó, en vano, una última carta: ofreció prejubilaciones voluntarias a partir de los 50 años con el 70% del salario a los estibadores, que rechazaron profundamente esta propuesta. La Coordinadora que agrupa a los estibadores apuntó que puede ser una medida "positiva, pero insuficiente", dado que considera los representantes de los estibadores consideran "difícil" que "un trabajador del gremio decida dejar de trabajar voluntariamente".¿Cuáles son los próximos pasos, una vez que el decreto del Gobierno fue rechazado en el Congreso?

El Real Decreto ley del Gobierno para reformar del sector de la estiba portuaria ha sido rechazado este jueves por el Pleno en el Congreso, con lo que se convierte en el tercero de la Democracia que no logra superar la preceptiva convalidación en la Cámara Baja.

Los sindicatos y la patronal habían acordado ponerse en contacto "inmediatamente" una vez que se conociese si el Decreto Ley era aprobado o rechazado por el Congreso. Como ha ocurrido esta última posibilidad, los estibadores han desconvocado la huelga. El coordinador general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), Antolín Goya, ha anunciado este jueves que las huelgas parciales previstas en los puertos españoles a partir de mañana, viernes, quedan desconvocadas.

Los sindicatos mantenían la convocatoria de huelga para este viernes, además de los días 20, 22 y 24 de marzo.  Sus portavoces han afirmado ahora que se encuentran a "plena disponibilidad” de los sindicatos a reunirse con el Gobierno para “buscar alternativas y soluciones” en el marco de una negociación tripartita en la línea de la propuesta presentada “a última hora” por el Gobierno.¿Qué ofrecen los estibadores?

Recientemente han dosificado su discurso, y ahora dicen ser conscientes de que el Gobierno debe acatar el mandato europeo, pero "no a cualquier coste". A cambio, piden que se plantee para el sector un modelo alternativo "defendible" ante la UE. Han elevado al Gobierno una propuesta para la creación de un registro nacional de trabajadores portuarios. Fomento les ha respondido que la Comisión Europea rechaza este plan.¿Por qué ha 'estallado' ahora el conflicto?

En realidad, esta es una puja que lleva más de un año en curso, pero que ha recrudecido desde comienzos de este año. La protesta se ha vuelto más 'mediática' desde hace unas semanas, pero las negociaciones entre estibadores, patronal y Gobierno llevan más de un año en curso. El día 2 del pasado mes, el nuevo equipo del Ministerio de Fomento ha comunicado a los estibadores que ya ha pasado demasiado tiempo desde el primer fallo de la UE y debe sí o sí aplicar cambior. Íñigo de la Serna anunció que procedería a la tramitación urgente de un real decreto para acatar el fallo del Tribunal Europeo. Desde ahí se suspendieron las negociaciones y comenzaron las protestas de los trabajadores, que han comenzado a ocupar cada vez más atención en los medios.¿Qué impacto tiene el conflicto en la economía española?

No zanjar el problema no supone (ni mucho menos) una anécdota para el país, desde el punto de vista económico. Si la situación no se resuelve, se concretan huelgas o se paraliza la actividad, esto inevitablemente repercutirá directamente en un sector vital de la economía española, que canaliza nada menos que el 86% de las importaciones y el 60% de las exportaciones del país. Por otro lado, el coste a las arcas públicas que supone el problema no es menor. Además de los 21 millones de euros ya impuestos como sanción tras una primera sentencia (desde el fallo pasaron más de dos años sin producirse los cambios que pide la UE), y de los 134.000 euros al día que pueden exigirse de aquí en adelante hasta no adecuar el marco regulatorio de la estiba, hay mucho dinero en juego que sale del bolsillo de todos los españoles.¿Cómo van a compensar los estibadores lo perdido?

Un portavoz de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de Mar (CETM), que nuclea a los estibadores, ha afirmado que "las pérdidas, como tales, no se conciben. No hay nada que compensar con trabajo ni tampoco al bolsillo de los españoles, porque el tema pasa por otro lado. Los 22 millones de la multa europea que se han fijado los estibadores lo encuentran intolerables. Dicho de otro modo, y al revés de ese planteo, con lo que se quieren gastar en erradicar la profesión se podrían pagar casi once años de multa. ¿Por qué no se piensa de esta manera el conflicto, y no desde un punto de vista equivocado?".

Por otra parte, la Plataforma de Inversores de Puertos Españoles (PIPE), ha asegurado que tener los puertos parados, si se concreta un calendario de huelgas por parte de los estibadores, le costaría a la economía española 50 millones de euros al día.¿Por qué mantenían los estibadores esas condiciones privilegiadas en el marco laboral?

Desde la propia Coordinadora aseguran que la estiba está considerada un oficio tradicional que supone riesgos y es muy peligroso. Se ajusta a marcos regulatorios y convenios de trabajo en los que se advierte que "hay material peligroso de por medio". Además, los estibadores trabajan en ‘jornales’ de seis horas, que se acumulan cuando hay un pico de trabajo o una menor disponibilidad de turnos, como durante los meses de verano. Los jornales pueden ser de lunes a domingo y a cualquier hora del día y de la noche, y "es fácil que un estibador trabaje tres o cuatro jornales seguidos", señalan desde la coordinadora. La Organización Mundial del Trabajo reconoce que "el trabajo portuario todavía conlleva un riesgo muy grande de accidentes".