Siete claves para entender el caso del Rey Emérito por la gestión de su fortuna

La investigación abierta en la Fiscalía del Tribunal Supremo contra el Rey Emérito sigue su cauce con cautela y con la vista puesta en Suiza. La discreción con la que están gestionando el caso no ha evitado un auténtico terremoto mediático con derivada política y que amenaza seriamente a la reputación de Juan Carlos I. Lo que empezó con unas meras grabaciones de José Manuel Villarejo que parecían no tener recorrido jurídico ha terminado abocando la fortuna del Rey en el extranjero a una inspección fiscal que se sigue con lupa tanto por la Justicia española como por la helvética. Estas son las claves del asunto: 

Encuentro Villarejo-Corinna

En 2015 se celebró una reunión clave en Londres en la que participaron el comisario jubilado, la empresaria alemana y el expresidente de Telefónica Juan Villalonga. Entonces la consultora desveló que el Rey había cobrado comisiones de la adjudicación del AVE en Arabia Saudí y que tenía gran parte de su fortuna en el extranjero controlada por terceros. El entonces magistrado del caso Tándem, Diego de Egea, abrió una pieza separada, bautizada como 'Carol' para investigar el contenido de estos audios que los agentes se incautaron en el domicilio de Villarejo. El caso tuvo poco recorrido y acabó archivándose provisionalmente en septiembre de 2018. El juez razonó que la princesa pudo haber actuado por despecho ya que hacía años que habían roto su relación y dijo además que los hechos ocurrieron entre 2008 y 2012, cuando el Rey era Jefe de Estado y, por tanto, inviolable. 

El AVE del desierto

Sin embargo, estas confesiones motivaron que la Fiscalía Anticorrupción abriera unas diligencias separadas para investigar bajo secreto de sumario si se repartieron comisiones de más de 80 millones de euros entre las empresas que integraron la UTE que se alzó con la adjudicación del AVE. El ente que dirige Alejandro Luzón trató de esclarecer si se había cometido delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales con la licitación de esta faraónica obra en 2011. Para ello cursó una serie de comisiones rogatorias a Suiza y pidió interrogar a Corinna en Londres. La otrora princesa negó haber mediado para que el proyecto llegara a buen término y dijo que aunque conocía poco de este asunto estaba dispuesta a colaborar con las pesquisas. 

La rectitud de Yves Bertossa

Tras la filtración en prensa de los audios de Corinna, la Fiscalía de Suiza arrancó una investigación en aras a dilucidar si hubo o no pago de comisiones en el proyecto del AVE La Meca-Medina. El fiscal jefe del cantón de Ginebra, Yves Bertossa, se puso al frente de estas pesquisas que apuntaron directamente a Corinna, al gestor Arturo Fasana y al abogado Dante Canónica. El registro practicado en el despacho de Fasana en 2018 permitió al fiscal encontrar documentos relativos a una estructura financiera que se habría creado para gestionar unos fondos del Emérito. También apareció documentación sobre el primo del Rey, Álvaro de Orleans. Las pesquisas del fiscal le llevaron a poner el foco en una donación que recibió el Rey de Arabia Saudí en 2008 de 100 millones de dólares. En los interrogatorios todos ellos negaron que se tratara de comisiones. 

La Fundación Lucum

Las diligencias, que siguen abiertas, permitieron constatar que esos fondos se ingresaron en una fundación creada 'ex profeso' por Fasana (conocido también por gestionar otras grandes fortunas de España en el país helvético). De hecho, el contenido del sumario desvelado por El Español pone de manifiesto que Fasana figuraba como presidente y Canónica como secretario de la 'offshore' si bien el primer beneficiario era Juan Carlos I y el segundo su hijo, el Rey Felipe VI. El fiscal se centró en seguir el recorrido de esta donación de la cual 64,8 millones fueron a parar a Corinna. Para ello los gestores suizos del Rey habrían creado otra sociedad desde la cual transfirieron este capital a una cuenta bancaria que la empresaria tiene en Las Bahamas. Preguntada por esto Corinna dijo que fue un regalo que le hizo por el cariño que le tenía a ella y a su hijo. 

El acta notarial de Corinna

Aunque la relación de amistad íntima entre ambos terminó en 2012, los sucesos ocurridos 'a posteriori' han ido otorgando a Corinna una relevancia clave en el futuro del Rey por la información que pudiera atesorar. La princesa, de hecho, tiene pendiente declarar como testigo por videoconferencia desde Londres en el juicio que enfrenta a José Manuel Villarejo con Félix Sanz Roldán. En él contará lo que sucedió a la vuelta de su viaje con el Rey a Botsuana. De hecho, ya lo plasmó en un acta notarial de abril de 2019 en la que denunció amenazas por parte del que fuera director del CNI. El general se habría llegado a desplazar a Londres para advertirle que no tuviera contacto alguno con la prensa en aras a desvelar secretos que podrían afectar al país. Esto le valió una denuncia ante la Justicia británica, que la princesa está ultimando para presentarla cuanto antes, según informan fuentes de su defensa a este diario.  

Casa Real

Mientras tanto, Casa Real ha mantenido un perfil bajo en todo este tiempo a excepción del pasado mes de marzo cuando el diario The Telegraph destapó que Felipe VI había figurado como beneficiario de la 'offshore' panemeña que canalizó los 100 millones entregados por el Rey Abdalá bin Abdulaziz al-Saúd, fallecido en 2015. Casa Real actuó rápido y expuso que Felipe VI había renunciado un año antes ante notario a sus derechos como receptor de esta fundación que en realidad se cerró en 2012 al poco de efectuar la transferencia a Corinna. De nuevo la alemana se defendió asegurando que en marzo de 2019 envió una serie de cartas para contactar con Casa Real e informarles de estos asuntos, sin que tuviera respuesta alguna. 

Turno para la Justicia española

La recepción por parte de la Fiscalía Anticorrupción de todo el material requerido en más de una ocasión a Bertossa llevó a su jefe, Alejandro Luzón, a concluir que este material tenía que desviarse al Tribunal Supremo por afectar a las cuentas del Emérito, el cual sigue siendo aforado. Ello derivó en una apertura de diligencias que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, encargó al fiscal Juan Ignacio Campos "por su dilatada experiencia y extraordinaria cualificación". Campos estará respaldado además por un equipo de tres fiscales más expertos en derecho penal económico y contará con el asesoramiento de la Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio Público. Las pesquisas se centrarán en averiguar si Juan Carlos I pudo cometer delito fiscal y/o blanqueo de capitales al no tributar ante la Hacienda española las cuantías amasadas. De ver indicios de delito, el fiscal presentará querella formal para pedir que las diligencias se judicialicen. De lo contrario, la causa podría zanjarse antes incluso de arrancar.