Un protocolo que se aplica a todos los políticos

El CNI investigará a fondo a Iglesias antes de darle acceso a los secretos de Estado

Sede central del CNI
Sede central del CNI

El gesto que ha tenido Pedro Sánchez con Pablo Iglesias de darle acceso a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia tiene sus consecuencias. Se trata de un organismo de alta dirección que ejerce el control político del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y donde, además, se aprueba la Directiva de Inteligencia que fija las líneas maestras de la 'casa' de los más de 4.000 espías a los que dirige Paz Esteban. Pero para poder formar parte de ella es necesario superar un protocolo al que deberá someterse el líder de Unidas Podemos: una profunda investigación sobre su presente y su pasado. Son políticos que están de paso y que van a tener acceso a secretos de Estado. Por eso los servicios de Inteligencia quieren garantizarse así que no se pone en peligro esa información que comparten con ellos.

El protocolo lleva establecido desde la primera legislatura de Mariano Rajoy y se lleva a aplicando, sin excepción, a todos los miembros del Gobierno que acceden a esta Comisión Delegada. Se basa en un principio básico: cualquier cargo político que pueda tener acceso a información de carácter clasificado, en cualquiera de sus grados, debe haber superado un mínimo examen de seguridad para saber que no va a hacer un uso erróneo de la misma. La novedad es que, por primera vez, un dirigente de un partido político diferente a PSOE y PP accede a ella y, por tanto, debe pasar por el trámite oportuno al que antes se sometieron otros ministros de Pedro Sánchez.

Fuentes cercanas a los servicios de Inteligencia detallan a La Información cómo es esta investigación personal. La realiza un organismo con capacidad para ello (CNI, Servicios de Información, Centros de Inteligencia y Seguridad de las Fuerzas Armadas, etc.) y todo parte de un formulario que el interesado debe rellenar de forma sincera. Se llama Declaración Personal de Seguridad (DPS) y en él el afectado debe ofrecer una batería de datos concretos sobre su persona, relaciones, trabajos y demás particularidades que normalmente no se conocen. Es el trámite que deberá cumplimentar el propio Iglesias de su puño y letra.

En el cuestionario del DPS se reflejan, efectivamente, datos básicos de la persona, su familia y personas cercanas: residencia, empleo, titulación/formación, relaciones o trabajos con gobiernos extranjeros u organizaciones internacionales, de todo esto tanto en la actualidad como durante los últimos diez años. Aquí Iglesias deberá detallar las relaciones contractuales de asesoramiento político que tuvo con los gobiernos de Venezuela o Bolivia.

Lo mismo que para el interesado se solicita para su pareja actual. Es decir, Irene Montero también será investigada por el CNI. Sobre los progenitores los servicios de Inteligencia demandan datos básicos de filiación: nombre, apellidos, DNI, nacionalidad, teléfono, domicilio, profesión... Y si tuviera personas con vivientes mayores de edad con ellos, incluido personal de limpieza o conductor, también se requiere información. Aquí puede acceder al cuestionario en cuestión.

El afectado también debe ofrecer datos sobre dos personas que puedan dar referencias sobre el interesado. Se convierten, así, en una especie de 'garantes' a los que se le pueda preguntar sobre la información que quiera conocer el equipo investigador. Hay que adjuntar, por cierto, una fotocopia del CNI y una fotografía.

La investigación profunda del CNI

A partir de esta información entra en juego el papel de los servicios de Inteligencia. Con la Declaración Personal de Seguridad completa, el CNI se pone en marcha y pasa a la investigación a fondo. El objetivo es corroborar personalmente todos los datos aportados por el interesado. Se activa entonces una sección que procederá a la investigación de seguridad, en este caso, de Iglesias y su entorno más directo.

Las fuentes consultadas por La Información explican que el proceso concluye con un informe final de los autores de esta investigación de seguridad. Así, si observan alguna vulnerabilidad que pueda afectar a la seguridad nacional (antecedente o proceso judicial, relación con grupos radicales o terroristas, relación con personas o servicios de Inteligencia no pertenecientes a la UE o a la OTAN, dificultades económicas, deudas, consumo de alcohol o drogas, otros aspectos que puedan utilizarse como presión) la deniega. Si la supera emite un informe positivo que da acceso al afectado a la información clasificada que se trata en la Comisión Delegada de Asuntos de Inteligencia. El proceso suele durar varias semanas.

La amplia mayoría de los actuales miembros de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia han tenido que superar la investigación del CNI. El organismo está presidido por Carmen Calvo, que ejerce como presidenta, y forman parte de él Aranchez González-Laya (Exteriores, que debería superar también esta investigación), Margarita Robles (Defensa), Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Nadia Calviño (vicepresidenta económica). Asisten a las reuniones de la Comisión el secretario general de la Presidencia del Gobierno, Félix Bolaños; el Secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y la Secretaria de Estado Directora del Centro Nacional de Inteligencia, que actuará como secretaria, Paz Esteban.

De forma paralela a la Comisión Delegada de Inteligencia existe otra comisión en el Congreso "de Control de los créditos destinados a gastos reservados". De este organismo ya ha formado parte Unidas Podemos. En concreto, Irene Montero, como portavoz del grupo confederal, y lo lógico sería que durante esta legislatura otro dirigente morado se incorporara a ella. Se trata de un mecanismo de control parlamentario y para el que se necesita el apoyo de 3/5 de la cámara baja para poder pertenecer a ella.

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