CNI justifica la expulsión de Ziani por presuntas actividades prosalafistas

  • El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha subrayado hoy que ha pedido la expulsión del marroquí Noureddin Ziani, vinculado a CDC, por sus presuntas actividades de difusión del salafismo después de que algunos sectores nacionalistas relacionaran este caso con el proceso soberanista catalán.

Barcelona, 13 may.- El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha subrayado hoy que ha pedido la expulsión del marroquí Noureddin Ziani, vinculado a CDC, por sus presuntas actividades de difusión del salafismo después de que algunos sectores nacionalistas relacionaran este caso con el proceso soberanista catalán.

La petición del CNI ha generado un cierto desconcierto en el propio Govern de CiU, ya que algunos miembros han manifestado sospechas de que el asunto puede estar relacionado con el apoyo de Ziani al proceso soberanista en Cataluña, mientras que otros han remarcado que no hay ningún dato que permita confirmar esa tesis.

En todo caso, el CNI ha ordenado la expulsión de Ziani, que colabora con CDC para promover el soberanismo entre la comunidades islámicas, por amenazar la seguridad nacional y comprometer las relaciones de España con otros países.

El CNI ha reclamado la expulsión de Ziani tras realizar una investigación exhaustiva de más de tres años en la que se demostró que realizaba actividades de difusión del salafismo -movimiento sunita que reivindica el retorno a los orígenes del Islam- que suponían una amenaza contra la seguridad nacional, según fuentes del CNI consultadas por Efe.

Según el CNI, en esta investigación participaron los Mossos d'Esquadra, un extremo que fuentes de la conselleria de Interior de la Generalitat consultadas por Efe han desmentido.

Pese a las explicaciones del CNI, el secretario de Exteriores de la Generalitat, Roger Albinyana, ha mantenido hoy la tesis expresada ayer por el secretario de Organización de CDC, Josep Rull, de que el CNI podría estar actuando con "intencionalidad política" en contra del proceso soberanista, aunque sin aportar pruebas.

Las declaraciones de Albinyana contrastan con las realizadas en paralelo por el conseller de Interior, Ramon Espadaler (UDC), quien ha afirmado que, con la información de que dispone, sería "temerario" afirmar que la expulsión se produce por las tesis soberanistas de Ziani.

En su cuenta de Twitter, Ziani se ha limitado hoy a decir que "trabaja y trabajará siempre para Cataluña, el catalanismo y la diversidad".

Ziani fue detenido el pasado día 3 de mayo por la Policía Nacional para notificarle que se le abría un procedimiento administrativo por infringir el articulo 54.1-a de la Ley de Extranjería y fue puesto en libertad el mismo día porque tiene domicilio conocido y para que pudiese presentar las alegaciones pertinentes a la apertura del expediente en un plazo de 48 horas.

El artículo de la ley de extranjería presuntamente infringido por Ziani considera una infracción muy grave "participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países, o estar implicados en actividades contrarias al orden público previstas como muy graves en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana".

Según fuentes policiales, una vez Ziani haya presentado las alegaciones, es el Secretario de Estado el que debe decidir sobre el expediente, que seguramente aplicará el procedimiento "preferente" al trámite, dado que se trata de una presunta falta muy grave de la Ley de Extranjería.

Ziani preside la Unión de Centros Culturales Islámicos de Cataluña (UCCIC) y es miembro de la Fundación Nous Catalans, entidad de inmigrantes adscrita al CDC en la que colabora sin tener ninguna relación contractual.

Fuentes de CDC consultadas por Efe ven "sospechosa" la petición del CNI a una persona que llevaba más de 14 años residiendo de forma legal en España y les extraña que, si realmente es un caso de presunta colaboración con el salafismo, no intervenga ninguna autoridad judicial.

El caso ha llegado hasta las instituciones europeas de la mano del eurodiputado de CiU, Ramon Tremosa, que en una pregunta entregada hoy a la Comisión Europea argumenta que la expulsión es "arbitraria e injustificable" y violaría, a su entender, los tratados de la UE y la Convención Europea sobre los Derechos Humanos.

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