En cuestión de días, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) va a abrir otro frente de batalla. Con retraso sobre el calendario previsto -30 de junio- el regulador, que tiene nuevas competencias desde enero, va a publicar una nueva propuesta de circular con la metodología para calcular cómo hacer frente a los costes de transportar y distribuir la electricidad. En suma, quién paga, cuánto paga y cómo se distribuye en el recibo de la luz una factura que, en la parte que le corresponde a la CNMC, -los peajes- ronda los 7.300 millones de euros.
Como ha sucedido con los recortes a las redes de gas y de electricidad, hay polémica. Sectores vinculados a las energías renovables y al autoconsumo defienden un cambio en la estructura de la factura eléctrica, que desde el año 2014, ha potenciado la parte fija del recibo (la potencia contratada) frente a la energía consumida, la parte variable. Los críticos, entre los que se encuentra la Unión Española Fotovoltaica (Unef) sostienen que la parte fija del recibo ha pasado de representar el 20% en 2012 al 40% en 2019, lo que es una excepción, aseguran, a nivel internacional. Quieren que el término fijo se limite al 25% de la factura.
Ese reparto entre lo que "pesa" en la factura final la potencia contratada y lo que pondera el consumo real puede tener un efecto negativo ya que traslada al consumidor que paga lo mismo independientemente de su consumo. El grueso de los costes se cargan, en suma, sobre la parte fija del recibo, que es independiente del consumo. Expertos como Jorge Morales de Labra sostienen que en la práctica es un avance hacia una especie de tarifa plana para el consumidor doméstico, poco eficiente desde el punto de vista de la demanda y el medio ambiente.
Desincentivo a la inversión
Daniel Pérez, patrono de la Fundación Renovables, añade que la estructura tarifaria, tal y como está diseñada, desincentiva la inversión en la mejora de las viviendas para ahorrar consumo y también la apuesta por el autoconsumo. Hasta tal punto que un aumento de la parte fija del recibo equivaldría a la reimplantación del llamado impuesto al sol. Es un sistema regresivo, añaden fuentes de Unef, porque con esta tarifa, un consumidor en situación de pobreza energética destina una mayor proporción de su factura a sufragar los costes del sistema.
Ninguna de las razones expuestas han hecho mella en la CNMC a la hora de elaborar la propuesta que va a publicar próximamente. Su idea: las redes eléctricas -como las de gas- hay que pagarlas y ningún sector puede eludir su parte de la factura. Las fuentes consultadas en el organismo que preside José María Marín Quemada destacan que un cambio en la estructura tarifaria, como defienden algunas asociaciones y expertos, para cargar los peajes sobre la parte variable del recibo podría afectar de forma muy negativa a la industria.
La pelea es intensa y como en toda batalla energética, hay cruce de informes y de datos. Unef ha elaborado un documento en el que compara el reparto de costes fijos y variables en diferentes países con un consumidor tipo para cada país. Según el estudio, el peso de la parte fija de la factura en España (ver gráfico), del 40%, es el mayor de los países analizados y casi el doble de la media. En la CNMC, sin embargo, los datos se han recibido con escepticismo: sostiene que no se pueden comparar peajes y cargos porque cada país considera costes distintos.
Subidas entre 2012 y 2015
En España, la estructura del recibo de la luz y el reparto entre los términos fijo y variable es la consecuencia de la subidas en la potencia contratada registrada entre 2012 y 2015. Las subidas tenían como fin cubrir el gran agujero del déficit tarifario, que llegó a alcanzar los 25.000 millones de euros. El sector fotovoltaico añade otra intención a las subidas: frenar el desarrollo del autoconsumo eléctrico. Dos órdenes ministeriales de 2013 aumentaron el término de potencia en un 37% con la intención, declarada por el Gobierno, de recaudar 885 millones de euros. No se logró. El aumento de recaudación no llegó a los 150 millones porque muchos usuarios redujeron la potencia contratada.
La nueva circular de la CNMC se apoya en las competencias asumidas en enero. Según el decreto, esas competencias incluyen "aprobar la metodología de peajes, los valores de los peajes y los parámetros retributivos del transporte y la distribución". Es un reparto de decisiones sobre la factura. La CNMC decide sobre 7.250 millones destinados a pagar los costes del transporte y la distribución mientras el Gobierno repartirá 10.600 millones de "cargos" entre primas a las energías renovables, pago de la deuda acumulada y costes extrapeninsulares.
El reparto de las competencias y del dinero es complejo. La CNMC decide peajes, pero el Gobierno también tiene que distribuir entre los usuarios los cargos para pagar a las renovables (en torno a los 7.000 millones), para hacer frente al pago de la deuda eléctrica (sobre 2.800 millones) y la retribución a las compañías por los costes extrapeninsulares. Lo tiene que hacer según tipologías de consumidor.
El Ministerio de Transición Ecológica, en suma, decidirá hacia final de año si mantiene el esquema que se ha aplicado hasta ahora: pocos cargos para los clientes con alta tensión (grandes empresas e industrias); cargos más altos para los clientes en media tensión y muy altos -en comparación- para los clientes de baja tensión. Estos son en la inmensa mayoría, hogares y pymes.
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