Competencia pondrá a prueba sus nuevas funciones en plena renovación de cargos

  • La CNMC aprobará nueve circulares hasta octubre para aclarar el marco retributivo en el sector eléctrico y gasista durante los próximos cinco años.
José María Marín Quemada
José María Marín Quemada
EUROPA PRESS

Ni una, ni dos, ni tres. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) tiene previsto aprobar hasta el mes de octubre nueve circulares que marcarán el paso en el sector energético. Las más importantes son las que determinarán las retribución de las actividades reguladas y de las redes de distribución de electricidad y de gas para los próximos cinco años. Con las circulares, Competencia pone a prueba las competencias que recuperó en enero, al menos sobre el papel, por decisión del Gobierno y por la presión de Bruselas. Y todo ello cuando el Gobierno tiene que renovar -toca en octubre-a cinco de los 10 consejeros del organismo, presidente y vicepresidenta incluidos.

El intenso calendario de la CNMC tiene miga. No se trata únicamente de estirar músculos, atrofiados desde que el Gobierno del PP, con el exministro de Energía Álvaro Nadal como punta de lanza, le arrabatara competencias  en 2014. También se trata de sentar las bases de los nuevos periodos regulatorios para la electricidad (2020-2025) y el gas (2021-2026) en plena renovación del organismo.

Es la clave del arco. La retribución a las redes será fundamental para a atraer inversiones y lograr los objetivos previstos por el Gobierno en el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Así lo reconocen las empresas. En el congreso organizado por la asociación eléctrica Aelec, tanto Iberdrola (Ángeles Santamaría) como Naturgy (Rosa María Sanz) coincidieron: las redes -y lo que la CNMC decida sobre ellas- van a ser fundamentales para inversiones estimadas en 40.000 millones hasta 2030.

Trabajo hasta el otoño

Las circulares tomarán forma en junio, cuando se abrirá un periodo de consultas y alegaciones que se extenderá hasta otoño. Son decisiones clave en un momento también clave para la CNMC, que tiene que renovar a la mitad de sus consejeros, lo que afectará tanto a la Sala de Competencia que preside José María Marín Quemada, presidente también del organismo y a la Sala de Regulación que preside la vicepresidenta María Fernández.

En octubre, si las circunstancias políticas y de nuevo Gobierno ya están definidas deberán ser sustituidos, tras culminar el mandato de seis años el presidente Marín  Quemada, la vicepresidenta María Fernández y los consejeros Josep María Guinart, Clotilde de la Higuera y Benigno Valdés. Permanecerán en el cargo Mariano Bacigalupo y Maria Pilar Canedo, nombrados en 2017, así como María Ortiz, renovada ese mismo año hasta 2021. También continuarán Bernardo Lorenzo y Xavier Ormaetxea, que se incorporaron a la Sala de Regulación de la CNMC hace dos años tras ganar en los tribunales sendas reclamaciones por sus ceses en la extinta Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).

Quienes tomen el relevo a los consejeros salientes se incorporarán a un organismo clave en el funcionamiento de los mercados y para la modernización de la economía, transición energética incluida. No tendrán una tarea fácil. La importancia de su cometido y las nuevas funciones hacen inevitables los roces con el Ejecutivo. Según el decreto de devolución de competencias aprobado en enero, la CNMC debe tener en cuenta las prioridades estratégicas que marque el Gobierno en materia energética. Es una puerta para posibles encontronazos.

Orientaciones del Gobierno

El Ejecutivo fija las orientaciones de política energética a las que se tendrá que ajustar la acción de la CNMC. Esas orientaciones afectan a asuntos tan trascendentales como la seguridad de suministro, la seguridad pública, la sostenibilidad económica y financiera de los sistemas eléctrico y gasista, la independencia del suministro y  la calidad del aire, entre otros puntos.

Sobre el inmediato futuro de la CNMC pesan también los planes para escindir el organismo. En la última etapa del Gobierno del PP -que impulsó en 2013 la creación del superregulador- se redactaron proyectos para convertir las dos salas que existen actualmente, la de Competencia y la de Regulación, en dos entes independientes, cuya denominación sería la de Autoridad Independiente Administrativa. Aunque no se trataba de una vuelta al modelo anterior, cuestionaba el actual.

Está por ver qué planes puede manejar el PSOE. Los socialistas se opusieron a que la CNMC agrupara la anterior Comisión Nacional de la Competencia con las comisiones reguladoras (Energía, Telecomunicaciones, Correos, etc); y Ciudadanos incluyó la separación del superorganismo entre los 150 compromisos del pacto de legislatura con el PP.

Mostrar comentarios