La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) da por cerrado el proceso de cambio de contadores eléctricos iniciado hace diez años. Se ha cambiado el 99.14% del total de los aparatos con una potencia contratada igual o inferior a 15 kW. España está entre los países a la cabeza del proceso en Europa. Pero el trabajo no está acabado. La CNMC considera necesario que la finalización del plan de sustitución vaya acompañada de una serie de mejoras en la normativa. En concreto, que se flexibilice y se eliminen restricciones que limitan los derechos de los consumidores frente a las nuevas posibilidades que ofrece esta tecnología.
El plan de sustitución de contadores, que comenzó hace una década, está prácticamente listo en toda la geografía. Con alguna excepción. Según el informe de Competencia, aunque el grado de cumplimiento es muy elevado, no se ha logrado alcanzar el 98% de sustitución en todas las provincias. Tanto Pontevedra como las cuatro provincias catalanas no han alcanzado dichos porcentajes.
Segun la CNMC, el consumidor está pagando el coste del alquiler del contador, que es superior al de los antiguos equipos analógicos; además, se debería reconocer a los distribuidores los costes de implementación de los sistemas de gestión y tratamiento de la información. La CNMC reclamó estos cambios hace unos meses, advirtiendo que a los consumidores con contadores “inteligentes” que no están integrados en red se les debería cobrar el precio del alquiler del equipo analógico.
El quinto país
España ha sido el quinto país de la UE que ha completado la modernización del parque de contadores. Según los planes que se esbozaron en 2007, lo debería haber hecho en 2017, pero la renovación sufrió retrasos.
La publicación del informe coincide con la confirmación de que la Fiscalía está investigando la sustitución. el cambio de 28 millones de contadores que han realizado las grandes compañías. Una plataforma ciudadana, denominada Quiero Auditoría Energética (QAE), ha presentado una denuncia, admitida a trámite, en la que cuestiona el proceso sustitución de los aparatos de medida que comenzó hace diez años.
Según los denunciantes, las eléctricas han cambiado los aparatos sin informar adecuadamente a los clientes, excediéndose sobre lo dispuesto en la normativa comunitaria y cuando todavía no se ha incorporado a la legislación nacional la Directiva de Eficiencia Energética. La denuncia hace hincapié en que la legislación comunitaria (Directiva 2012/27/UE) establece que los contadores, además de tener un precio competitivo, deben reflejar exactamente el consumo real de energía del cliente final y proporcionar información sobre el tiempo real de uso.
Ribera pone la lupa
El Ministerio de Transición Ecológica también ha puesto la lupa sobre el nuevo parque de aparatos de medida. En su intervención en el I Congreso anual de la antigua Unesa, Aelec, la ministra Teresa Ribera aseguró que no todas las distribuidoras están haciendo los esfuerzos necesarios para facilitar los ahorros que permiten los contadores digitales.
"No estoy segura de que estemos utilizándolos tal y como debemos para aportar servicios energéticos innovadores. Algunas distribuidoras se están esforzando, no todas, en hacerlo accesible", aseguró Ribera. por su parte, la presidenta de Aelec, Marina Serrano, explicó que las compañías han puesto en marcha una campaña para que los consumidores sepan exactamente las utilidades de estos contadores, a lo que ha añadido que además de conocimiento, es fundamental que existan tarifas que realmente permitan ahorrar en la factura de la luz.
El papel de los nuevos contadores digitales es fundamental para la transición energética. De ellos va a depender el ahorro de energía en los puntos de suministro, la extensión del autoconsumo y la aparición de nuevos partícipes en el negocio eléctrico, como las empresas (agregadores) dedicadas a gestionar los consumos de electricidad de sus clientes, ajustándolos en función de los precios horarios de la energía para proporcionarles un ahorro directo.
Los aparatos deberían facilitar también una mayor participación del usuario en el mercado. La condición es que pueda interactuar con el contador. Si el consumidor final no tiene acceso a su contador, como sucede en muchos casos, tampoco puede acceder a sus funciones. Puede quedar prisionero de su suministrador, que además, maneja todos sus datos y su privacidad. Un riesgo que está en la base de la denuncia ante la Fiscalía.
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