Así consta en un auto de fecha 14 de febrero, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el que la jueza instructora considera que en este momento de la causa existen "indicios fundados de criminalidad" contra estas dos personas, que mantenían una "estrecha colaboración" con Consuelo Ciscar y que podrían haber cooperado con ella en delitos de malversación, prevaricación y falsedad.
Como primer elemento a tener en cuenta contra ellos, la jueza incluye una denuncia anónima que considera que constituye una fuente legítima de investigación. En el caso de Mundina, esta denuncia le atribuía la función de asistenta personal "criada" que le hacía y deshacía maletas en viajes internacionales. Aunque tenía puesto de trabajo en el IVAJ, se le concedió una comisión de servicios en el IVAM que, según un informe de Intervención General, es nula de pleno derecho por no haber sido dictada por el órgano competente.
Asimismo, existe contradicción en las fechas de prestación de servicios en los diferentes departamentos ni formaba parte de la plantilla del IVAM. A pesar de ello, el Instituto asumió gastos por viajes y dietas suyas entre 2009 y 2011 por 37.903 euros.
En este caso, al no poder percibir dietas salvo una autorización expresa que nunca llegó, el exsubdirector de Administración y Finanzas, Juan Carlos Lledó, también investigado, alegó que se le pagaba por "decisión personal" de Ciscar como "gastos a terceros". Las propuestas de gasto partían del departamento de conservación y en su mayoría se aprobaban por otra de las investigadas. En el domicilio de Mundina también se encontraron catálogos del hijo pintor de la exdirectora --conocido artísticamente como Rablaci--, lo que demuestra la "estrecha relación" que mantenían.
CONTRATACIÓN "A DEDO"
Sobre Jorge García Vellés, contratado por el museo como técnico encargado de coordinar y seguir las exposiciones en el extranjero, la jueza sospecha que su contratación se realizó "a dedo" y que el investigado participó "activamente" en la proyección de la carrera artística del hijo de Ciscar. Según la instructora, lo habría hecho a cargo de los fondos del IVAM ya que le organizó exposiciones e intermedió con altos cargos y galeristas extranjeros, como lo revelan algunos emails.
En su resolución, la magistrada del Juzgado de Instrucción 21 de Valencia explica que existen "fundadas sospechas de que el señor García Vallés formaba parte de la trama delictiva originariamente urdida por la señora Ciscar, imponiendo primeramente su contratación y posteriormente creando un puesto en el IVAM ex profeso para él, para con ello, presuntamente facilitar la consecución de sus fines delictivos".
La magistrada defiende la diligencia de intervención y estudio de contenido de las copias informáticas de seguridad de ambos investigados por la Udef por la proporcionalidad y la necesidad de la medida, además de ser idónea y adecuada para la finalidad perseguida.
OTROS INVESTIGADOS
Junto a estas dos personas, en la causa están investigados, además de Ciscar, otras cinco personas, cuatro de ellas con responsabilidades en el IVAM como subdirectores de distintas áreas por delitos de malversación, prevaricación y falsedad por los supuestos sobrecostes en la adquisición de obras de arte y en la contratación de publicaciones.
Se trata del subdirector general de Administración y Finanzas, el de Gestión Interna, el de Publicaciones y la subdirectora general Técnico Artística. Además está investigado el responsable de dos empresas con las que el IVAM suscribió contratos de transporte eludiendo, supuestamente, la normativa de contratación del sector público.
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