El colapso de los servicios funerarios como consecuencia del alto número de fallecimientos que está dejando el coronavirus afecta de manera directa a los familiares de víctimas que quieren denunciar estos hechos ante la Justicia. Si el problema de la burocracia es patente en un trámite de defunción normal, en esta situación los familiares de fallecidos por el Covid-19 se encuentran con la problemática de tener que esperar bastante más tiempo de lo habitual para poder tener consigo los certificados de defunción.
Esto mismo le ocurre a algunos de los afectados que se han unido para litigar de manera conjunta bajo el paraguas de la plataforma Afectados por la Gestión del Coronavirus (AGC). Las cerca de 10.000 personas que integran esta asociación tienen en común que son víctimas directas o indirectas de una pandemia que se ha cobrado la vida de cerca de 17.500 personas en España. Sin embargo, los casos más dramáticos los protagonizan los familiares de fallecidos por esta enfermedad. De hecho, se hicieron eco de la problemática en el escrito registrado ante un juzgado de Madrid en el que ponen de manifiesto las dificultades sufridas para poder acreditar que son víctimas y que, por tanto, tienen derecho a personarse como acusación particular.
Desde las empresas funerarias piden no buscar culpables en esta crisis sin precedentes que vive el país y recuerdan que los profesionales funerarios siguen siendo considerados como el último eslabón de la cadena de salud pública pese a sumar más de 20 días sin descanso trabajando una media de 14 horas. El colapso de este servicio no es más que una derivada que arranca con la misma contabilización de fallecidos por parte de los registros civiles. Desde estos órganos y desde los juzgados de paz se rinden cuentas todos los días del número de fallecidos aunque esta cifra en ocasiones excede en mucho a la que maneja el Ministerio Sanidad en relación a las víctimas directas del Covid-19.
Madrid, zona cero de la crisis
En un escenario normal, los certificados médicos de defunción suelen tardar 15 días desde que se produce el deceso, aunque los familiares pueden contar con copias compulsadas para agilizar gestiones. Ahora mismo deben esperar a que las empresas funerarias finalicen el trámite para poder tener de vuelta todos los papeles en regla. Desde la Asociación Nacional de Servicios Funerarios (Panasef) aseguran que la documentación acreditativa de los fallecimientos se está entregando en tiempo, aunque hay excepciones en Madrid, donde la carga laboral es mayor. En la capital, se producen una media de 300 muertes cada día en abril, cuando el mismo mes del año pasado venía a registrar unas 79, lo que supone cerca de cuatro veces más.
El secretario general de Panasef, Alfredo Gosálvez, reconoce que se acumulan días de retraso pero insiste en que lo que quieren desde las empresas funerarias es atender lo mejor posible a todas las familias de las víctimas mortales. En su opinión, la crisis sanitaria que azota el país requiere de "medidas extraordinarias" a aplicar en todo el proceso de la cadena de fallecimientos. Unas quejas que coinciden con las manifestadas por la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ). El sindicato que defiende a los letrados de la Administración de Justicia insiste en que no cuentan con las condiciones necesarias en los registros para contabilizar correctamente el número de fallecidos.
Cambio en el recuento de muertes
Tanto unos como otros valoran positivamente las modificaciones acordadas por el Ministerio de Justicia para dar traslado del número de fallecidos diario pero lamentan que no se les ha tenido en cuenta para implementar las nuevas herramientas de recuento de datos. El departamento que dirige Juan Carlos Campo ha cambiado el formato de recepción de información dejando atrás la modalidad de envío de correos que acordó el pasado 4 de abril ante el baile de cifras por las víctimas del coronavirus. Este pasado lunes ordenó en una circular que la remisión de información sobre licencias de enterramiento y defunciones se hará rellenando un formulario 'online'.
El objetivo es evitar que se produzcan situaciones como la ocurrida en Castilla-La Mancha donde el número de licencias de enterramientos registrado en marzo triplicó la cifra oficial de víctimas por coronavirus. Ahora el departamento que dirige Juan Carlos Campo pretende acotar más los motivos de fallecimiento teniendo en cuenta que a muchas de las víctimas mortales no se les pudo practicar test para comprobar si habían dado positivo y tampoco autopsias. Sobre este asunto, desde Panasef hacen un llamamiento a la cautela. Prefieren no comparar cifras con el ejercicio anterior y esperar a que llegue diciembre para evaluar el cómputo general en la radiografía del sector funerario que elaboran cada año.
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