Intensas negociaciones entre los diferentes gobiernos y los agentes sociales para garantizar una vuelta al cole segura que, a su vez, trastoque lo menos posible la actividad laboral de los padres de alumnos que, por infectados en las clases, no tengan más remedio que quedarse en casa. El borrador con el que están trabajando todas las comunidades autónomas apunta a que en Infantil, Primaria y los dos primeros cursos de Secundaria habrá educación en el aula y en el resto será semipresencial. El objetivo es pasar el mayor tiempo posible en el centro escolar en las edades más tempranas. El problema viene en caso de rebrotes y es ahí donde se están centrando las conversaciones con empresarios y sindicatos, actores con los que se busca un acuerdo para evitar que el curso se vuelva a paralizar.
El reloj en las aulas lleva parado desde el 11 y el 12 de marzo. Hoy, más de cinco meses después del precipitado adiós de los pupitres, las comunidades autónomas están intentando fijar un protocolo unificado para que el retorno sea lo más ordenado posible y que haya un plan definido en caso de positivos por Covid entre alumnado o profesorado, con los que ya cuentan de antemano. Eso conllevará cerrar aulas, incluso colegios enteros, y ello provocará que los menores tengan que quedarse en casa con sus familiares. La solución que se está planteando es el teletrabajo para los padres.
Varias comunidades autónomas ya han puesto esta idea sobre la mesa y han trasladado su petición al Gobierno, según explican a La Información fuentes implicadas en las conversaciones. El objetivo es que los padres y madres puedan teletrabajar si su hijo tiene que quedarse en casa porque su clase tenga que cumplir una cuarentena o porque el colegio entero se viera obligado a cerrar. Para ello, y a falta de la Ley de Teletrabajo que sigue congelada para septiembre, la solución pasa por un acuerdo con los agentes sociales. Ya está habiendo reuniones con los agentes sociales en este sentido para que las empresas faciliten esta salida a los trabajadores afectados por esta situación inminente, indican desde el Gobierno de la Comunidad Valenciana y desde el de Aragón, y que se habiliten fórmulas que permitan una conciliación obligatoria por la situación.
El sudoku se complica aún más tras una sentencia del Juzgado de lo Social 6 de Vigo que abre la vía a un alud de pleitos de padres que puedan exigir a su empresa teletrabajar para poder conciliar con sus hijos. En concreto, el juez ha estimado la demanda de un trabajador administrativo del sector pesquero que pidió ejercer sus funciones desde su domicilio, como venía haciendo desde la declaración del estado de alarma, para poder atender a sus menores de 9 y 11 años, contraviniendo la decisión de la empresa que le obligó a finales de mayo a reincorporarse a su puesto. La compañía argumentó que tenía que acudir de manera presencial para atender a los clientes y que se daba "discriminación" sobre otros empleados. La sala desestima sus pretensiones, alegando que "la situación en la que nos encontramos prioriza el teletrabajo sobre otras opciones como la reducción de jornada" y ordena indemnizar al empleado con 600 euros.
Otras soluciones: ERTE o subsidio de desempleo
El teletrabajo, sin embargo, no puede ser la solución universal, señalan las mismas fuentes. Hay puestos y profesiones que no pueden desarrollarse a distancia. Pensando en estos empleados los sindicatos han propuesto al Gobierno la posibilidad de que los afectados sin posibilidad de teletrabajo puedan acogerse a alguna medida excepcional. Una que han planteado es la de entrar en los ERTE o un subsidio de desempleo especial, explican los representantes de los trabajadores. Añaden que la situación de las familias monoparentales puede ser crítica si no les habilita alguna fórmula para poder quedarse con sus hijos. El problema, dicen, es de toda la sociedad.
El Gobierno central, por su parte, tiene previsto aprobar todas estas medidas laborales en la Conferencia de Presidentes pendiente de fijar convocatoria. La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, declaró que podría celebrarse la última semana de agosto o la primera de septiembre. El motivo de esta situación, según explican fuentes del Ejecutivo, es que la situación epidemiológica es cambiante y que prefieren esperar a los días previos al inicio de curso para concretar mejor las fórmulas a aplicar en base a la evolución de la curva. Niegan que no se esté trabajando de forma intensa en la búsqueda de soluciones.
Quien no ve del todo claro el inicio del curso escolar es Unidas Podemos. Los socios de Gobierno del PSOE irrumpieron este miércoles en el debate con la petición de que se contraten más profesores y se puedan así impartir clases a grupos de menos alumnos. Los morados solicitan "una clara coordinación y cogobernanza entre las comunidades, que son quienes tienen las competencias correspondientes, y los ministerios de Educación y de Sanidad". UP recuerda que el "fondo educativo Covid-19", de 2.000 millones, se debe distribuir "como una partida finalista a las comunidades que sirva para contratar más profesorado y más profesionales en los centros educativos públicos".
La falta de medidas concretas a apenas dos semanas y media del inicio del curso ha llegado a los sindicatos CCOO, UGT, CGT y STEM a anunciar una huelga del profesorado de Madrid durante el comienzo del curso lectivo. En un comunicado remitido a los medios, explican que "la inacción" del Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso y de la Consejería de Educación frente al inicio de las clases es "total" y no se han previsto "ni las medidas adecuadas ni el imprescindible incremento de recursos", lo que "pone en peligro" a la comunidad educativa y al conjunto de la sociedad madrileña.
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