El alcance de la justicia para quienes dejen las armas es el punto más espinoso de las negociaciones que el gobierno de Juan Manuel Santos avanza desde noviembre de 2012 en La Habana con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas), principal guerrilla del país, para poner fin a medio siglo de conflicto armado.
"El delito de narcotráfico puede ser conexo al delito político en aquellos casos en los cuales sirva como instrumento para la guerra, cuando es utilizado como herramienta para sostener económicamente los fines políticos de la confrontación armada", indicó el ente acusador en un comunicado.
"Como consecuencia de lo anterior, el delito de narcotráfico puede ser objeto de amnistías e indultos, cuando sea conexo a delitos políticos", apuntó el texto, que cita declaraciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos.
La guerrilla de las FARC, alzada en armas desde 1964 y actualmente con unos 7.000 combatientes según cifras oficiales, ha reconocido haberse financiado con actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes, como el cobro de un impuesto (al que llaman gramaje) a los cultivadores de coca en sus zonas de influencia.
"No existe una prohibición en el derecho internacional para amnistiar o indultar a los responsables por narcotráfico, cuando éste sea conexo al delito político", añadió la Fiscalía, al tiempo que se refirió a la eventual extradición a otros países de sus responsables.
"Si el Estado decide conceder amnistías o indultos en relación con el delito de narcotráfico, cuando este sea conexo a delitos políticos, decae también la posibilidad de extradición", puntualizó.
Hasta ahora, las delegaciones del gobierno y de la guerrilla en Cuba han logrado consensos en tres de los seis puntos de la agenda acordada: desarrollo rural, participación política de quienes dejen las armas y solución al problema de las drogas ilícitas.
Actualmente discuten sobre la reparación a las víctimas, la justicia transicional para los futuros excombatientes, y la dejación de armas. Resta además definir el mecanismo de refrendación de los acuerdos.
Las FARC y otros grupos de izquierda se alzaron en armas hace medio siglo y han sido protagonistas, junto a organizaciones paramilitares de ultraderecha, bandas narcotraficantes y fuerzas del Estado, del conflicto que ha desangrado a Colombia desde entonces, y que deja a la fecha al menos 220.000 muertos y más de seis millones de desplazados.
Por otra parte, Colombia es el principal productor mundial de coca, insumo clave para la elaboración de la cocaína, con unas 442 toneladas en 2014, según un reciente informe de Naciones Unidas.
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