Comienza en el congreso la tramitación de la ley que adaptará la normativa española a la convención de discapacidad

El Grupo Parlamentario Popular retiró este jueves, durante el Pleno del Congreso, su enmienda a la totalidad al proyecto de ley que modificará varias normas para adaptarlas a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, confiando en el consenso que suelen alcanzar los grupos en asuntos referidos a la discapacidad y esperando que en el trámite parlamentario se acepten sus propuestas de mejora.
Según explicó el diputado popular Francisco Vañó, su grupo presentó un texto alternativo al del Gobierno por entender que es "más ambicioso" que el original, que, a su entender, "se queda corto", pero no por estar en contra de la iniciativa en sí.
Vañó ejemplarizó este argumento indicando que si el proyecto del Ejecutivo pretende modificar un total de 11 leyes, el de los populares quería introducir cambios hasta en 22 normas.
No obstante, el portavoz del PP en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad insistió en su confianza en el consenso y en la buena fe de los grupos parlamentarios para llegar a los mejores acuerdos en beneficio de los españoles con discapacidad, algo que no dudó que ocurra la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, que agradeció al PP la retirada de su enmienda.
"DERRIBANDO OBSTÁCULOS"
Pajín señaló que el proyecto de ley que ahora comienza su andadura en la Cámara Baja supondrá "un paso más para seguir derribando obstáculos" en la participación de la vida pública de las personas con discapacidad, que suman ya cerca de cuatro millones en España.
La titular de Política Social recordó que esta iniciativa garantizará a los ciudadanos con discapacidad, entre otros derechos, el de igualdad y no discriminación al acceso de bienes y servicios y, por tanto, impedirá que se les niegue un seguro o se les impongan condiciones más gravosas que a los demás sólo por tener problemas físicos, intelectuales o sensoriales.
EMPLEO
Del mismo modo, Pajín explicó que la futura norma elevará del 5 al 7 por ciento la reserva de empleo público para trabajadores con discapacidad y que al menos el 2 por ciento de las plazas ofertadas en procesos públicos serán cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual.
Además, el texto establece que en el plazo de un año el Ejecutivo promoverá medidas para asegurar el cumplimiento de la reserva del 2 por ciento de los puestos de trabajo para personas con discapacidad en las empresas de más de 50 trabajadores, y para establecer condiciones para la ejecución de los contratos del sector público relacionadas con el porcentaje de empleo de personas con discapacidad.
La ministra se refirió también al apartado de la futura norma que modifica el régimen sancionador en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Así, en virtud del texto que ahora empieza a tramitarse, una infracción muy grave por parte de las instituciones que presten servicios sociales podría conllevar la inhabilitación para el ejercicio de estas actividades.
Igualmente, cuando en un proceso judicial se deduzca que ha habido discriminación por razón de discapacidad, se invertirá la carga de la prueba para que corresponda a la parte demandada probar que no ha habido discriminación, como ya sucede en los casos de discriminación por razón de género.
Finalmente, Pajín indicó que en el ámbito sanitario se modificarán diversas leyes para que una persona con discapacidad pueda tomar por sí misma decisiones en procesos sanitarios, como trasplantes, mediante la recepción de la información necesaria en formatos accesibles.
Como la ministra, el PSOE agradeció al PP la retirada de la enmienda a la totalidad, y el resto de los grupos parlamentarios, reconociendo el trabajo de los populares y el espíritu constructivo de su iniciativa, anunciaron que de haber seguido adelante, la habrían rechazado por considerar que lo que el PP añade al proyecto del Gobierno puede abordarse durante la tramitación de la ley.