Comienzan los interrogatorios de la Operación Púnica: el primero un técnico de Murcia

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha comenzado las declaraciones a los detenidos en la 'operación Púnica' interrogando al técnico del Instituto de Turismo de Murcia Jesús Galindo Sánchez, al empresario Francisco Ruiz Valenzuela y al alcalde de Collado Villalba (Madrid), Agustín Juárez (PP), informaron fuentes jurídicas.

Son los tres primeros arrestados de los 17 que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 tiene previsto interrogar este miércoles por su relación con la trama de corrupción de la que presuntamente formaba parte el exsecretario general del Partido Popular (PP) de Madrid Francisco Granados. Ocho de ellos se encontraban a las 14.30 horas en las dependencias de la Audiencia Nacional.

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Además de los tres primeros en declarar, el juez interrogará al director general de Cofely, Didier Maurice; a los alcaldes de Parla, José María Fraile (PSOE); Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (PP); Casarrubuelos, David Rodríguez (PP); así como al consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás.

También está prevista la declaración del técnico de Serranillos del Valle Marco Durán; el director comercial de Cofely, Constantino Álvarez de la Cueva; el concejal de Parla Alejandro Utrilla Palombi; el responsable de Obras Públicas de Parla, Avelino Pérez Pallarés; y cuatro personas vinculadas al presunto "conseguidor" David Marjaliza: Eduardo de la Peña, José Luis Huertas, Antonio Serrano y Antonio Ruiz."Gracias a ustedes por apoyarnos"

Pasadas las once y media de la mañana ha llegado a la sede de la Audiencia Nacional en la calle Prim de Madrid el primer furgón de la Guardia Civil que transportaba a los detenidos, que iba escoltado por un coche de seguridad. Los agentes han sido recibido con los aplausos y felicitaciones de varios vecinos del barrio de Chueca que presenciaban la escena. "Gracias a ustedes por apoyarnos", ha contestado un agente de la UCO. El segundo furgón de detenidos ha llegado alrededor de la una de la tarde.

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El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 y la fiscal Anticorrupción Carmen García han empezado a interrogar a los miembros de la trama que tenían una menor relevancia para finalizar con los supuestos cabecillas de la red y los políticos implicados, a los que se acusa de cobrar comisiones de hasta el dos y el tres por ciento de cada contrato.El 3 por ciento de comisión

La trama, que habría intervenido en adjudicaciones por valor de 250 millones de euros en los dos últimos años, tenía el objetivo de conseguir el lucro personal de los cargos públicos, pertenecientes a cuatro partidos distintos --PP, PSOE, IU y los independientes de la UDMA--, y no la financiación de sus respectivas formaciones.

La organización, que actuaba en Madrid, Murcia, Valencia y León, se habría dedicado a mediar entre empresarios y políticos con influencias en el ámbito municipal, regional y de la Diputación para conseguir contratos públicos en la gestión de servicios difícilmente objetivables como el de eficiencia energética. Según fuentes jurídicas, este sería el caso de la empresa Cofely, filial de la multinacional francesa GDF Suez. A cambio los políticos recibían comisiones ilegales que se blanqueaban a través de un complejo entramado societario.

Las pesquisas contra la trama, que giraba en torno a dos conseguidores --los empresarios David Marjaliza y Alejando de Pedro Llorca--, se iniciaron en diciembre de 2013 cuando la Fiscalía de Laussanne (Suiza) informó a Anticorrupción de que investigaba a Granados y Marjaliza por un delito de blanqueo de capitales agravado.

Entre los detenidos se encuentran un total de 17 cargos relacionados con la política municipal y regional, tres funcionarios de varios ayuntamientos madrileños y 14 empresarios. A todos ellos se les imputan los delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraude contra la administración y organización Criminal.