La Comisión Europea ha apoyado este martes la posición de España contra los motivos para rechazar la euroorden, incidiendo en que el país no registra problemas sistémicos, por lo que considera que no cabe alegar una posible vulneración de derechos para no entregar al exconseller Lluis Puig, en un caso que afecta también al futuro judicial del expresident y eurodiputado Carles Puigdemont.
Así se ha pronunciado en la vista ante la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para examinar la cuestión prejudicial remitida por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena para aclarar el alcance de las euroórdenes que dictó contra el expresidente de Cataluña y varios de sus exconsellers. En concreto, la entrega de Puig fue rechazada por los tribunales belgas alegando posible vulneración de derechos fundamentales.
Julio Baquero, del Servicio Jurídico de la Comisión Europea, ha expuesto que no ha lugar a alegar el riesgo de vulneración de derecho al no haber deficiencias sistémicas. "En la medida en la que no hay deficiencias sistémicas o generalizadas tampoco habrá riesgo futuro", ha argumentado, apuntando que no es necesario examinar el riesgo particular que sufren Puigdemont y los exconsellers.
Bruselas considera que primero deberían probarse los fallos generales del sistema español y luego las consecuencias concretas para cada caso. "Confianza mutua quiere decir confianza entre sistemas equivalentes, si no hay deficiencias el sistema de confianza debe mantenerse", ha defendido ex letrado del TJUE.
España advierte del riesgo de inoperancia
En representación de España, la abogada del Estado Andrea Gavela ha señalado que la deficiencia para no cumplir con una petición de entrega debe ser generalizada, "porque una falla puntual se salva con los mecanismos del propio sistema" y ha recalcado que se debe demostrar el riesgo real de que las vulneraciones se materialicen en caso de entrega.
Igualmente, ha descartado que la opinión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias (WGAD), que aduce la defensa de los líderes independentistas, represente "un elemento suficiente para considerar acreditado la vulneración de un derecho fundamental". Gavela ha avisado ante los jueces europeos de que con este caso "está en juego que una situación excepcional se aquilate y haga inoperante la herramienta" de las euroórdenes.
Frente a las distintas peticiones de entrega emitidas por Llarena, la abogada española ha indicado que el mecanismo se basa en la cooperación judicial y ha defendido que "cabe emitir nuevas órdenes aunque anteriores hayan sido denegadas, retiradas o concedidas". "Lo relevante no es lo que haya pasado en el pasado, no es lo que se pretende con la cuestión prejudicial, sino que sean relevantes para un procedimiento futuro", ha expuesto.
