Comisión parlamentaria se expediría el lunes sobre inmunidad de presidente de Guatemala

  • Una comisión especial del Congreso de Guatemala que estudia si le levanta la inmunidad al presidente Otto Pérez para que enfrente a la justicia por cargos de corrupción, espera entregar su informe final al plenario de diputados el lunes, informó uno de sus integrantes.

El presidente del comité, el diputado oficialista Mario Linares, dijo a periodistas que para el sábado en horas de la mañana citaron al mandatario a una audiencia, que se llevará a cabo en la sede del Parlamento.

Sin embargo, la presencia del mandatario no es obligatoria y puede enviar sus alegatos por medio de un escrito.

Asimismo, fueron convocados para este viernes los delegados de la Fiscalía y de la comisión de la ONU contra la impunidad que actúa en el país, quienes el 21 de agosto acusaron formalmente a Pérez de encabezar una banda de defraudación en aduanas.

Según la agenda de la comisión especial, sus cinco miembros tienen previsto discutir y aprobar el domingo su informe final, el cual sería entregado el próximo lunes al plenario del Congreso.

Una vez que la comisión rinda su informe, el Congreso en pleno deberá programar una sesión para decidir si levanta la inmunidad de Pérez, lo cual requiere el voto favorable de al menos 105 de los 158 diputados.

El Congreso había rechazado retirar la inmunidad al presidente el pasado 13 de agosto, en un proceso impulsado por el diputado indígena opositor Amílcar Pop por los mismos delitos, cuando Pérez todavía no había sido acusado por la Fiscalía de integrar la mafia de defraudación fiscal.

El presidente fue señalado como cabecilla, junto a su ex vicepresidenta Roxana Baldetti, de una red de defraudación aduanera denominada 'La Línea', y por ello la Fiscalía pidió iniciar el proceso para retirar la inmunidad que le da su cargo para poder someterlo a juicio.

Pérez descartó el jueves renunciar a la presidencia después de una multitudinaria marcha en la capital y bloqueos en tramos carreteros del país. Su mandato termina el 14 de enero de 2016.

La crisis política en Guatemala estalló en abril pasado cuando se reveló la existencia de la organización que cobraba sobornos a empresarios para facilitarles la evasión de impuestos aduaneros.

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