El comité de 14 expertos convocado por el ministro de Energía Álvaro Nadal a propuesta de sindicatos, partidos y empresas, ha acabado su tarea tras ocho meses de trabajos. Pero no han sido los únicos atareados en plantear escenarios para afrontar los retos del cambio climático y la transición energética. Otros 23 expertos, 14 hombres y 9 mujeres, agrupados desde septiembre de 2017 en el denominado Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la Economía (CAPTE), han lanzado también sus propuestas. Entre ellas figuran el cierre progresivo de nucleares y dejar de quemar hidrocarburos para generar electricidad en la década de 2030 a 2040.
Los hombres y mujeres del CAPTE -en el comité "oficial" de Nadal sólo hay hombres- se mueven en la órbita socialista, pero no ostentan cargos en el partido ni posiciones relevantes en empresas privadas. Sus propuestas, encaminadas a lograr la descarbonización y la apuesta por las energías renovables, van un paso más allá de lo adelantado por los convocados del Ministerio de Energía.
los miembros de CAPTE abogan por acabar con la generación nuclear y térmica de carbón en la década de 2020-2030; sacar al petróleo de los usos energéticos en la década 2030-2040, y eliminar también el gas natural, la energía de transición, para 2050. Todo, con una idea de partida, según explica Teresa Ribera, directora del Instituto para el Desarrollo Sostenible y las Relaciones Internacionales (IDDRI) y presidenta de CAPTE: "La economía del futuro será ecológica o no será".
Diferencias en la cuestión nuclear
En la Propuesta de Bases para una Estrategia de Transición Energética, los expertos de CAPTE difieren totalmente de los planteamientos del "comité Nadal" sobre el futuro de la energía nuclear. En otros puntos están más próximos, como sucede con la sustitución del gas natural a partir de 2050 por renovables o la desaparición del carbón en el mix energético para 2030.
Pero no es así en el debate nuclear. En este apartado, los 14 especialistas de Energía abogan por extender la vida útil de las centrales más allá de los 40 años para evitar aumentos de precios de la electricidad del 20%. Los de la comisión alternativa, en cambio, abogan por el cierre escalonado de instalaciones a medida que cumplan los 40 años.
Para defender sus tesis, los de CAPTE recurren a dos estudios: el del Observatorio Crítico de la Energía (Victoria y Gallego, 2018) y otro elaborado por el Instituto de Investigación Tecnológica (ITT) de la Universidad de Comillas. Sobre esa base, sostienen que no existe ninguna barrera técnica que impida el cierre de centrales nucleares en el horizonte 2025. Serían perfectamente sustituibles por renovables con respaldo del gas. Añaden que el impacto del cierre del carbón y de las nucleares para un hogar medio en España apenas supondría un incremento en el gasto mensual medio en electricidad de entre 14 céntimos y 1,2 euros.
Frente a la tesis de los expertos ministeriales, que estiman entre 2.000 y 3.000 millones el coste del cierre anticipado de centrales, CAPTE le da la vuelta a la tortilla. Calcula que extender la vida útil de las instalaciones, conllevaría la obligación de invertir en mejoras de seguridad y mantenimiento. Serían, afirman, costes de difícil estimación, pero que podrían situarse en el entorno de los 2.000-3.000 millones de euros para el conjunto del parque nuclear en España.
Los expertos de CAPTE añaden otra razón para afrontar el cierre nuclear a corto plazo: Mejor que se ocupen de desmantelar las centrales los ingenieros que las construyeron que técnicos de otra generación. Un debate, precisan, que ya se da en un país como Francia que avanza hacia la desnuclearización progresiva.
Además de apostar por la eficiencia energética y un nuevo sistema de fijación de precios de la electricidad, los expertos cercanos al PSOE apuestan por una reforma de la fiscalidad de la energía, pero sin centrarse en el diésel. El comité formado por Nadal recomienda descarbonizar el transporte y para ello pide -como adelantó La Información- que se eleve el tipo impositivo aplicable al gasóleo un 29% y a la gasolina un 10%. Además, aconseja aplicar impuestos verdes a vuelos domésticos y a los buques contaminantes que atraquen en puertos, y que parte de su recaudación vaya a los ayuntamientos.
La intervención del Estado
El modelo de CAPTE va un poco más allá. Contempla, en palabras de Ribera, "la intervención redistributiva del Estado". La futura Ley de cambio Climático debería contemplar, en su opinión, un calendario de eliminación de subsidios a combustibles fósiles, así como evaluar y corregir eventuales subsidios a residuos y fertilizantes.
En el escenario de los expertos convocados por el PSOE, el regulador del sistema eléctrico -la CNMC- recupera la responsabilidad sobre la cobertura y el mix eléctrico, y el operador del sistema -Red Eléctrica de España, REE- pasa a desempeñar un papel central en la optimización. Es, al mismo tiempo, un sistema centralizado y un sistema distribuido para aprovechar el despegue de las nucleares.
El debate energético, centrado ahora en las propuestas de distintos comités, debería culminar en la aprobación de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética. El Congreso recomendó la elaboración de la norma hace ya siete años y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la ha anunciado durante dos años. Ahora queda por ver si el debate fructifica y pasa del papel a los hechos.
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