Martes, 31.03.2020 - 05:02 h
Situación de "operación excepcional"

Competencia, Ribera y Enagás, en alerta por posible fraude en el mercado del gas

El equilibrio para el funcionamiento normal del mercado ha estado comprometido por un comercializador que está siendo investigado.

El gas argelino, clave para la economía española (Foto: EFE)
La CNMC investiga anomalías en el sistema gasista.  (Foto: EFE)

La compañía que gestiona el sistema gasista, Enagás, declaró la semana pasada la "situación de operación excepcional" porque no le cuadran las cuentas. Le falta gas. La sospecha: que alguien ha vendido materia prima por encima de sus posibilidades, sin reponerlo a tiempo. En la jerga técnica, se trata de un "desbalance negativo y sostenido" en el sistema. La pregunta es. ¿se trata de un error de cálculo de alguna de las 87 empresas comercializadoras activas o es un fraude? La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), el Ministerio de Transición Ecológica y la propia Enagás investigan lo sucedido.

El descuadre detectado es importante, según las fuentes consultadas. La CNMC y el Ministerio han identificado al comercializador implicado y el proceso de depuración de responsabilidades está en marcha. La preocupación es grande. Los descuadres temporales en la comercialización de gas son frecuentes: un agente vende por adelantado y posteriormente repone existencias.

Pero en esta ocasión, no ha sido tan sencillo. Enagás ha tenido que tomar medidas excepcionales "tanto de mercado como operativas", para evitar que el nivel de existencias  se posicionara en valores inferiores al límite mínimo operativo "durante varios días". En otras palabras, el equilibrio para el funcionamiento normal del mercado ha estado comprometido. Si se demostrara que tales circunstancias no han sido el fruto de un error, el Ministerio de Transición Ecológica podría tomar medidas sancionadoras.

La investigación se centra en un comercializador que opera en el mercado mayorista de gas, según fuentes conocedoras del proceso. En principio, no afecta a clientes de gas en el mercado minorista. En el mercado al por mayor, donde se registran las operaciones de compraventa de gas natural, los agentes pueden gestionar sus existencias y su balance. Por supuesto, tienen que cuadrar.

Los "descuadres" han sido más frecuentes en el mercado eléctrico. A diferencia del caso que está bajo investigación, en el mercado eléctrico sí ha habido fraude a los consumidores con empresas que vendían electricidad -más barata- a sus clientes tras adquirirla en el mercado. No la pagaban y cuando se detectaba la actuación, cambiaban de nombre. En muchos casos seguían haciendo negocio.

Los afectados por el fraude no eran los clientes de la empresa pirata que contrataban supuestamente de buena fe y que tenían el suministro eléctrico garantizado al margen del vendedor. Los verdaderamente perjudicados eran el conjunto de los usuarios que, vía recibo, han pagado todos y cada uno de los fraudes detectados.

El caso más aparatoso en el sistema eléctrico fue el detectado en 2017 en la denominada operación Ámbar. La CNMC levantó el caso en el año 2014. Se iniciaron las pesquisas que duraron tres años. Finalmente, la Guardia Civil detuvo 14 personas en las provincias de Barcelona, Madrid, Tarragona, Alicante y Valencia. Se les imputaron presuntos delitos de estafa por más de 60 millones de euros a las empresas generadoras de electricidad, así como un presunto delito a la Hacienda Pública de más de 14 millones de euros.

La organización se dedicaba a la interposición de empresas instrumentales en la comercialización de energía eléctrica. Dejaban de abonar los servicios proporcionados por el operador del sistema -Red Eléctrica de España- y los distribuidores del mercado eléctrico nacional. Un negocio redondo. Se identificaron hasta diez comercializadoras eléctricas instrumentalizadas por la organización

La CNMC lo detectó en 2014 y relató cómo operaron durante tres años: la red, al principio, compraba energía a los generadores de electricidad y pagaba a los distribuidores por el trasporte de la electricidad hasta los puntos de consumo de sus clientes (Pymes y empresas); hasta aquí todo normal. Pasado un tiempo, las comercializadoras disminuían la cantidad de energía que compraban a los generadores y empezaban a dejar de abonar las facturas a los distribuidores, pero seguían ofreciendo el servicio con normalidad a sus clientes. La trampa estaba en que luego no liquidaban los desfases entre la energía vendida a los clientes y las facturas que debían a sus distribuidores. Pagábamos todos.

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