Con un buen punto de apoyo y la palanca adecuada un sabio antiguo se jactó de poder mover el mundo. En el negocio eléctrico, el control de las tarifas es una palanca potente. Por eso se lo han reservado los Gobiernos y por eso se desencadenó hace más de un año una pelea a cara de perro entre la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y el entonces ministro de Energía, Álvaro Nadal. La pelea llega a su fin. La CNMC espera que en las próximas semanas el Gobierno de Pedro Sánchez ceda a las peticiones de la CNMC y a las presiones de Bruselas y traspase a Competencia el control sobre 7.000 millones de los 19.000 millones de costes regulados del sistema.
El plan para acabar con el enfrentamiento con la CNMC debería haber culminado en diciembre con la aprobación de un decreto para repartir el control de la parte regulada de la tarifa entre Competencia y el Ministerio de Transición Ecológica. Se ha retrasado, pero puede ser aprobado en breve. Entre otras cosas porque la Comisión Europea abrió expediente a España en 2016 por no ceder competencias en el recibo de la luz a un organismo independiente y amenaza con recurrir el caso al Tribunal de Justicia de la UE.
El borrador del decreto, de acuerdo con la Ley Eléctrica de 2013, distingue entre peajes -los costes de transporte y distribución de electricidad que cobran las compañías- y los cargos, que cubren la retribución a las renovables, los costes extrapeninsulares, los pagos de la deuda eléctrica, etc. Traducido a euros: la CNMC controlará en torno a 7.000 millones del total de costes regulados y el Ministerio de Transición Ecológica en torno a 12.000 millones.
Política energética
La CNMC se prepara para cumplir con lo que recoge el borrador del decreto: "En el marco de las orientaciones de política energética adoptadas por el Ministerio de Transición Ecológica, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia establecerá, mediante circular, la metodología para el establecimiento de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución que deberán satisfacer los usuarios de las mismas".
El sistema eléctrico es un mecano y la tarea de la CNMC, una vez se concrete el reparto y el traspaso de funciones, será intensa. Fuentes del organismo señalan, al menos, los siguientes pasos: elaboración de una circular para fijar la estructura y el reparto de los 7.000 millones de euros; periodo de audiencia -mínimo un mes- para recoger alegaciones de las partes; aprobación de la circular y, finalmente, resolución de peajes para el año 2020.
El reparto de funciones puede acabar con años de polémica tanto con los Gobiernos de turno como con la Comisión Europea. El debate en torno a las funciones de la CNMC culminó con un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo del supervisor contra el Ministerio de Energía hace poco más de un año.
La gota que colmó el vaso
Fue porque una gota colmó el vaso. El Consejo de Ministros aprobó un trasvase competencial de la CNMC al Ministerio de Energía mediante la reorganización de las subdirecciones del Ministerio. Con ello, el Gobierno asumió funciones clave. El Ministerio de Energía sostuvo que su comportamiento se ajustaba a la ley. Apelaba al artículo 16 de la Ley Eléctrica de 2013 para defender que es el ministerio el encargado de fijar tanto los peajes como los cargos del sistema eléctrico.
Ni la CNMC, cuyo recurso aún colea en el Supremo, ni Bruselas están de acuerdo. La legislación comunitaria prevé que sean los supervisores independientes los que fijen los peajes eléctricos y del gas. Todo, para evitar que el Gobierno haga política con las facturas de energía para ganar elecciones o negociar presupuestos... como ha sucedido y aún sucede en España.
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