Con pedidos de Justicia, Perú recuerda 10 años de informe sobre violencia

Lima, 28 ago.- Perú recordó hoy el décimo aniversario del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que estableció en 70.000 las víctimas de la guerra interna que asoló al país entre 1980 y 2000, con actos culturales y marchas de familiares que reclamaron justicia y ayuda al Estado.

Cerca de 200 personas se congregaron hoy en el monumento El Ojo que Llora, construido en 2005 para recordar a las víctimas de la violencia, la mayoría de ellas a manos del grupo terrorista Sendero Luminoso.

El Ojo que Llora, una explanada de cantos rodados con el nombre de las víctimas y que tiene como núcleo una piedra de la que brota agua, se vistió con los colores de las vestimentas típicas de muchos de los manifestantes y con pancartas en las que señalaban sus lugares de origen para recordar el horror que vivieron.

Rocío Paz, representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, dijo que buscan que se incrementen las reparaciones económicas individuales a los familiares, establecer un plan nacional de desaparecidos y que no se archiven casos por falta de información.

"Actualmente, (los familiares de las víctimas) están recibiendo una reparación de 10.000 soles (unos 3.500 dólares), pero ellos plantean que la cifra sea de 34.000 (unos 12.000 dólares)", indicó Paz a Efe.

El último recuerdo que tiene Felimón Salvatierra sobre su padre se remonta a una noche de 1985 cuando fue capturado por un grupo de encapuchados que irrumpieron en su casa en el distrito de San Juan Bautista, en la región Ayacucho, la más golpeada por la violencia.

"Yo he visto cómo ha sido desaparecido mi padre. Nos han atado a mi madre, a mí y a mi hermana, mientras a él se lo llevaron envuelto en mantas", manifestó a Efe Salvatierra, actual presidente de la Coordinadora Regional de Afectados por la Violencia Política en Ayacucho.

"Exigimos al Estado una reparación digna, justicia, verdad y una reconciliación en base a esto", insistió.

Los familiares marcharán hacia el Congreso, el Palacio de Justicia y terminarán en la Plaza San Martín, donde habrá un acto cultural de conmemoración.

La CVR recibió el mandato del Gobierno de Valentín Paniagua (2000-2001) de investigar las causas y consecuencias de la violencia interna y fue presidida por el filósofo Salomón Lerner.

Su informe final, presentado el 28 de agosto de 2003 ante el entonces presidente Alejandro Toledo (2001-2006), causó un gran impacto en la opinión pública, y abrió una polémica que aún se mantiene, al establecer en 70.000 las víctimas durante 20 años, cuando los balances oficiales hablaban hasta entonces de 25.000.

La mayoría de víctimas de la violencia fueron pobladores del campo, sobre todo de Ayacucho, que vivieron acosados entre los ataques de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), y la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía.

Los comisionados recomendaron la investigación y el procesamiento de decenas de casos de abusos a los derechos humanos, así como la necesidad de ubicar a los desaparecidos y ofrecer reparaciones a las víctimas y sus familiares.

Sin embargo, en estos diez años, los tribunales de Perú han dictado 28 absoluciones y 9 condenas en casos de graves violaciones a los derechos humanos denunciados por la CVR, según detalló un reciente informe de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

Entre 2005 y 2012, el Poder Judicial peruano absolvió a 113 imputados en violaciones a los derechos humanos y ha condenado a otros 66, según cifras de la Asociación ProDerechos Humanos (Aprodeh).

La Defensoría del Pueblo presentó un documento, a propósito de este aniversario, en el que recomendó al Ministerio de Justicia proveer de defensa legal gratuita a las víctimas y al Ministerio de Defensa cumplir con los pedidos de información hechos por la Fiscalía y el Poder Judicial.

Uno de los casos más emblemáticos de violación de los derechos humanos es el de la desaparición y asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la universidad limeña de La Cantuta, en 1992, uno de los casos por el que el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) fue condenado a 25 años de cárcel en 2009.