Conde recurre a la Justicia para proteger su legado ante Banesto: "No es ni moral"

Dieciocho años después de la condena del Tribunal Supremo por el 'caso Banesto', la cuestión relativa al embargo de acciones para responder por el saqueo de la entidad sigue vigente. Tanto es así que la Audiencia Nacional ha celebrado una vista para dilucidar si los herederos de Mario Conde deben responder con su patrimonio por la ejecutoria de la condena. En la misma, el banquero ha declarado en calidad detestigo que el patrimonio de sus hijos nada tiene que ver con el suyo. "Que yo me beneficie a costa de perjudicar a mis hijos en todo caso no es ni moral", ha llegado a expresar durante su intervención.

El banquero hizo su aparición en una vista que apenas se alargó cuarenta minutos y en la que la sociedad de sus hijos Black Royal Oak S.L se enfrenta al Santander en calidad de heredero del negocio de Banesto. Aunque no era el protagonista del litigio, el abogado que representa a la sociedad demandante pidió su testifical ante el tribunal de la Sección Primera de la Sala de lo Penal. El empresario compareció con talante serio y tranquilo y recordó las "circunstancias conocidas" sobre el gran escándalo financiero en el que se vio envuelto en 1993 y que terminó nueve años después con una condena en firme de 20 años de prisión y del pago de 2.700 millones de euros a la entidad. 

Pese a todo este tiempo transcurrido, la defensa del Banco Santander considera que debe rendir cuentas por su responsabilidad civil en estos hechos. En concreto, reclama 1.652.892 acciones de la sociedad Las Salcedas S.A y otras 310.000 acciones de Los Carrizos de CastilBlanco S.A, de acuerdo con el escrito de demanda que presentó la defensa de Alejandra y Mario Conde. Sin embargo, una vez en sede judicial, su defensa renunció su a su intención de mantener los títulos de Las Salcedas S.A que el Santander reclama como propias. 

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De acuerdo con la versión prestada por Conde, este paquete accionarial no estaba sujeto a ninguna restricción cuando lo heredaron Alejandra y Mario Conde en octubre de 2017, tras el fallecimiento de su madre Lourdes Arroyo. Tampoco así se desprende de la adición de la herencia otorgada por escritura notarial en el año 2010; motivo por el cual evitan tener que rescindir de estos títulos para responder por uno de los mayores escándalos financieros de los años 90 y que llevaron al Banco de España a intervenir la entidad que entonces presidía el Abogado del Estado. 

Sobre este aspecto, Conde alegó en sede judicial que se casó en régimen de bienes gananciales y en 1990, tres años antes del descalabro de la entidad, hizo separación de bienes con su entonces esposa, asegurando que él estaba al margen de sus posesiones. "Nadie dijo en ese momento de la adjudicación que esas acciones podrían estar embargadas. En el momento del juicio (por el caso Banesto y Argentaria) nadie pide que se levante lo cautelar en definitivo y en el Tribunal Supremo tampoco", alegó el banquero en su cita judicial. Sin embargo, el abogado defensor del Santander contraatacó denunciado que la escritura notarial de la herencia tenía la "peculiaridad" de contradecirse en lo que respecta a la titularidad de las acciones que reclama.

Esto es, en un primer momento se atribuyen a la sociedad Gesoco ( de la que se desliga por completo Conde) y, más tarde, se dice que pertenecen a su exmujer fallecida. Es una contrariedad difícil de creer", sentenció el letrado. Con todo, la defensa de los hijos de Conde reforzó su argumento asegurando que las sociedades a las que ahora pide ajuste de cuentas el Santander ni tan siquiera se mencionaron en la sentencia condenatoria de 2002 y, además, alegó que la causa penal abierta en la Audiencia Nacional contra Conde, sus hijos y otras 14 personas no había podido acreditar la presunta frustración de ejecución que se le atribuye. 

Las pesquisas que dirigió el magistrado Santiago Pedraz acabaron archivándose al no poderse demostrarse que los acusados en estas diligencias cometieron delito de blanqueo de capitales con la repatriación de 13 millones de euros desde Suiza. El sobreseimiento del caso, decretado primero por el juez instructor y confirmado posteriormente por la Sala de lo Penal, se produjo a instancias del dictamen de la pericial de Hacienda que determinó que los flujos de dinero detectados proceden de unos fondos depositados en dos cuentas de Suiza y que provienen de una etapa anterior a la sustracción de fondos de Banesto.