Condena y aplausos en El Salvador por fallo a favor de militares

San Salvador.- Organismos de derechos humanos criticaron hoy el fallo favorable a nueve militares salvadoreños procesados en España por la matanza de seis jesuitas y dos empleadas en 1989, por fomentar la impunidad, aunque sectores afines a ellos lo respaldaron por considerar que evita reabrir las heridas de la guerra civil.

El presidente salvadoreño, Mauricio Funes dijo que respeta y acata la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que liberó a esos nueve militares, de los 20 procesados por el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco.

"Soy respetuoso de la independencia de poderes" y tenemos que acatar las decisiones de la Corte, afirmó Funes en una rueda de prensa en la Casa Presidencial, en la que subrayó su respeto a la las instituciones.

La CSJ resolvió este miércoles que los militares no pueden ser detenidos por ninguna autoridad, lo que les permitió salir de la Brigada Especial de Seguridad Militar, en San Salvador, donde se habían refugiado el día 7 al enterarse de que la Policía se disponía a cumplir una orden de captura internacional de la Interpol.

Ulices Guzmán, uno de los magistrados de la CSJ, explicó hoy a los periodistas que la Corte determinó que "técnicamente no hay una petición" para detener y extraditar a los militares a España, por lo que "no se puede dar respuesta a una solicitud que no existe".

El tribunal estableció que la nota de Interpol "nos permite nada más actuar si existe una orden judicial y, según tengo entendido, no tenemos ninguna solicitud diplomática de extradición que haya sido tramitada a través de la Cancillería", afirmó por su lado Funes.

Pero la lectura fue muy distinta para los organismos defensores de los derechos humanos.

El fallo demuestra que con este primer Gobierno de corte izquierdista, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la justicia únicamente "ha cambiado de forma, pero sigue siendo la misma, marcada por la impunidad", dijo a Efe el director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), Benjamín Cuéllar.

Agregó que las autoridades salvadoreñas "cerraron la puerta a la justicia" desde que "amnistiaron" a varios de los militares implicados en la matanza de los jesuitas.

La Ley de Amnistía de 1993 protege a militares e insurgentes que cometieron crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado (1980-1992).

El procurador de la Defensa de los Derechos Humanos, Oscar Luna, dijo a Efe que la resolución "es un mensaje muy negativo para la justicia del país y está favoreciendo siempre la impunidad", porque no pretende "garantizar los derechos de la víctimas".

El fallo "no está acorde a la Constitución, porque ésta faculta a la Corte para conocer expresamente casos de extradición" o recursos de hábeas corpus, pero decidir sobre si la nota de Interpol "es o no es legal, me parece que no era competencia de la Corte", señaló.

El ex canciller Oscar Santamaría, uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz entre gobierno y guerrilla en 1992, dijo a medios locales que "lo que ha evitado esta resolución es seguir con la lógica del conflicto", consistente en que "mataban a uno de este lado y mataban a otro del otro lado".

Si la CSJ hubiera ordenado detener a los militares, "lo que hubiese ocurrido es que se pidiera un juicio por un lado, otro juicio por el otro lado, y eso hubiese sido la de nunca acabar", aseveró Santamaría, director de Asuntos Internacionales de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha).

El fallo "no es a favor de los militares o en contra de los que no quieren a los militares, es una resolución a favor de la convivencia a futuro de los salvadoreños", aseveró el general retirado Mauricio Vargas, exnegociador de los Acuerdos de Paz.

Vargas consideró las actuaciones del juez Velasco de "intromisión (...) en una causa juzgada", en la que, dijo, prevalece "una situación de prescripción y de autodeterminación que los salvadoreños ya habíamos tomado, como es la Ley de Amnistía".

Los militares son procesados por la Audiencia Militar española por la matanza perpetrada el 16 noviembre de 1989, en plena guerra civil salvadoreña, cuando miembros del Batallón Atlacatl irrumpieron en la Universidad Centroamericana y mataron a los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes e Ignacio Martín-Baró.

También mataron a los sacerdotes españoles Armando López y Juan Ramón Moreno, y al salvadoreño Joaquín López, así como a la trabajadora de la UCA Elba Julia Ramos y a su hija Celina, de 16 años.