Condenado a cárcel por quedarse con 83.000 euros de la venta de loterías

Valencia, 16 sep.- La Audiencia de Valencia ha condenado a dos años de cárcel y a cuatro de inhabilitación al titular de una administración de lotería de Valencia por quedarse con 83.853 euros de la venta de loterías y apuestas.

El acusado, actualmente en prisión provisional por esta causa, ha aceptado la pena impuesta que había sido acordada por todas las partes en el juicio oral celebrado el pasado 12 de septiembre, según la sentencia de la Audiencia provincial facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El lotero, titular de la administración número 90 de Valencia desde el año 1978, dispuso en beneficio propio de un total de 83.853 euros, que no ingresó en la cuenta bancaria de operaciones que tenía designada para ello por parte del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado.

Los hechos ocurrieron en la primeras semanas de 2010 y fue la Inspección de Loterías y Apuestas la que detectó el fraude en el mes de febrero.

La Inspección acordó el cierre cautelar del despacho de loterías y la retirada de los efectos y caudales, y posteriormente, en julio de ese mismo año, la Dirección General de Loterías y Apuestas del Estado acordó revocar la concesión de la titularidad de esa administración y el cierre definitivo del establecimiento.

El pasado 12 de septiembre el acusado abonó 3.000 euros para el pago de las cantidades defraudadas y se comprometió con la aseguradora AXA a abonar 100 euros mensuales para tal fin.

En el fallo de la Audiencia se señala que el acusado padeció un infarto agudo de miocardio en 2007 que le causó baja laboral los seis meses siguientes, tiempo en el que contrajo numerosas deudas que derivaron en una "insuficiencia patrimonial".

Como atenuantes se ha valorado esta situación porque el acusado se encontraba en un estado de necesidad y agobio que le llevó a disponer de las cantidades defraudadas para satisfacer otras deudas, así como la reparación parcial del daño causado.

Por este delito de malversación de caudales públicos, también ha sido condenado al pago de las costas causadas y a pagar a la aseguradora 83.853 euros que esta abonó a Loterías del Estado en virtud del contrato de seguro de afianzamiento suscrito con el acusado.