París, 21 ene.- El exministro francés del Interior Charles Pasqua fue condenado hoy a dos años de prisión exentos de cumplimiento y a una multa de 150.000 euros por un caso de desvío de fondos.
Al mismo tiempo se abrió otro proceso en su contra por la presunta violación del embargo a Irak durante la etapa de Sadam Husein.
Pasqua, de 85 años, fue condenado por el desvío de fondos públicos en la "fundación Hamon", una galería de arte que proyectó construir en 2001, cuando era presidente del departamento de Hauts-de-Seine, en la región de París, pero que nunca vio la luz.
El tribunal correccional de Versalles, que juzgó el caso, le impuso asimismo una pena de dos años de inhabilitación para cargo público.
El también exministro André Santini, alcalde de Issy-les-Moulineaux y vicepresidente de la "Fundación Hamon", fue condenado también a dos años de cárcel sin cumplimiento, 200.000 euros de multa y cinco años de inhabilitación.
El coleccionista y mecenas Jean Hamon fue condenado por su parte a dos años de cárcel exentos de cumplimiento, 200.000 euros de multa y la prohibición de gestionar una empresa comercial durante cinco años.
El tribunal consideró que hubo un desvío de fondos públicos en la gestión de esa fundación, que iba a albergar la colección de arte contemporáneo de Jean Hamon, quien cedió casi 200 cuadros a la misma a condición de que llevara su nombre.
El mecenas presentó facturas consideradas "dudosas" por la acusación por valor de 750.000 euros, aprobadas por Pasqua y Santini, pero el museo nunca vio la luz.
Pasqua compareció hoy mismo también ante el Tribunal Correccional de París por el llamado caso del "petróleo por alimentos", que juzga el presunto cobro de comisiones para violar el embargo impuesto al Irak de Sadam Husein tras la invasión de Kuwait en 1990.
La justicia francesa considera que varias personalidades, entre ellas Pasqua o el actual presidente de la petrolera Total, Christophe de Margerie, se beneficiaron del cobro de comisiones y rompieron el embargo a Bagdad.
En total, 18 personalidades se sientan en el banquillo de los acusados, entre ellos exdiplomáticos como el que fuera embajador de Francia ante la ONU Jean-Bernard Mérimée.
Todos son sospechosos de haber cobrado comisiones de Bagdad a cambio de interceder para levantar las sanciones.
Ante la difícil situación humanitaria que vivía entonces Irak, la ONU suavizó el embargo a mediados de los años 90 del pasado siglo y permitió la venta de parte de la producción de crudo para comprar productos básicos.
Pero una comisión de investigación de la ONU, presidida por el exresponsable de la Reserva Federal de Estados Unidos Paul Volcker, concluyó que se habían desviado hasta 1.800 millones de dólares y apuntaba a 2.200 empresas en 66 países.
En Francia, país que mantuvo un intenso contacto diplomático con el régimen de Husein, las acusaciones se refieren a delitos de "tráfico de influencias pasivo" y "corrupción de agentes públicos extranjeros".
El juicio, que cuenta con un sumario de 200 páginas, se abrió con el estudio de cuestiones de procedimiento presentadas por la defensa y, si no sufre retrasos, está previsto que acabe en un mes.
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