Antes de que la ejecute la Audiencia

Condenados en Gürtel piden diez días al Supremo para que les aclare la sentencia

López Viejo solicita tiempo extra ante la complejidad del fallo que acredita la trama de Francisco Correa y confirma la responsabilidad civil del PP.

Francisco Correa, cabecilla de la red Gürtel
Correa suma 51 años más de prisión a las condenas por las otras piezas de la red. 
POOL - Archivo

Algunos de los condenados por la primera etapa de la red Gürtel han pedido más margen de tiempo al Tribunal Supremo para revisar el fallo que acredita las actividades ilícitas de la trama liderada por Francisco Correa. De este modo, uno de los cabecillas de la red, el exconcejal del PP Alberto López Viejo, ha solicitado al alto tribunal que recientemente se ha pronunciado sobre los recursos de la resolución de 2018, que amplíe el plazo hasta los diez días para poder pedir aclaraciones sobre la sentencia que suma más de 1.800 páginas y que acredita la responsabilidad civil del PP en estos hechos. 

En un escrito remitido a la Sala de lo Penal que preside el magistrado Manuel Marchena, López Viejo solicita que prorrogue el plazo inicial de dos días hábiles que marca la Ley desde que se notifica la resolución. El exedil popular, al que se le ha rebajado la pena de los 31 a los 27 años de prisión, se ampara en la "notable extensión" de la sentencia y en la complejidad de la misma. De acceder a la petición, el Tribunal Supremo daría margen de tiempo clave a los condenados por la primera etapa de la trama Gürtel que están en tiempo de descuento a entrar en prisión a la espera de que la Audiencia Nacional, que fue el órgano que les juzgó, ejecute lo confirmado por el Tribunal Supremo. 

No es el caso del exconsejero madrileño, el cual permanece en Soto del Real junto con el extesorero popular Luis Bárcenas desde que les condenó la Audiencia Nacional en mayo de 2018. Las penas tan altas que se les impuso a ambos llevó al tribunal a acordar su ingreso en prisión sin esperar a que el Supremo se pronunciara sobre la firmeza del fallo. De hecho, durante la cuarentena, el exconsejero madrileño denunció en muchas ocasiones que les estaba exponiendo a un gran riesgo debido a la propagación del coronavirus en las cárceles y pidió sin éxito su excarcelación. De este modo, su situación no varía sustancialmente en caso de que el Tribunal Supremo acceda a su petición -a la que también se ha sumado el exconcejal popular de Pozuelo Roberto Fernández- y les dé un tiempo extra clave para ellos pero sí puede influir en aquellos que están pendiente de ingresar en prisión. 

A falta de conocer qué aclaraciones concretas va a solicitar López Viejo, lo cierto es que el pronunciamiento del Tribunal Supremo acerca de esta parte del caso Gürtel ha provocado un fuerte terremoto político que ha alcanzado incluso al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. Y es que uno de los puntos que suaviza ligeramente la sentencia es precisamente el relativo a la responsabilidad del Partido Popular en esta trama de amaños de contratos con la que Correa ingresó 8,4 millones de euros en apenas nueve años. De este modo, el alto tribunal entiende que el partido es inocente desde el punto de vista penal (nunca se le juzgó por delitos de corrupción) pero respalda las alusiones a la caja 'b' en tanto son necesarias para explicar la "amalgama" de actuaciones en Gürtel.

Con todo, el Supremo respaldó la tesis del magistrado Ángel Hurtado que emitió voto particular a la sentencia de la Audiencia Nacional al considerar que no se podía probar que el PP supiera de la ilicitud de los fondos con los que costeó las campañas electorales de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda. Este pronunciamiento choca de frente con la versión de los magistrados más progresistas de la Audiencia (que hicieron hincapié en la existencia de una financiación paralela en el PP al menos desde 1989) y dio alas a Rajoy así como a su sucesor al frente del partido, Pablo Casado. Ambos denunciaron que la moción de censura que implicó apartarle del poder se construyó sobre una manipulación y que había quedado probado que el último presidente del Gobierno popular no era una persona corrupta. 

"Nadie acusó porque no se podía"

Al respecto los magistrados explican que el PP no fue ni juzgado ni condenado por delito de corrupción, por lo que no se pueden pronunciar en ese sentido al revisar los recursos de casación y recuerdan que se le confirma su responsabilidad civil por haberse adueñado de fondos ilícitos. Es por ello que se ratifica lo estipulado por la Audiencia Nacional en cuanto a que deben devolver al Estado cerca de 250.000 euros correspondiente a los gastos electorales de las campañas de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón de 2003 que gestionó el entramado de Correa. "Nadie acusó porque no se podía", reza el Supremo en alusión velada a que en el año 2008 no había entrado en vigor la reforma de 2012 que permitió la imputación de los partidos políticos. 

Lo cierto es que los condenados por esta red consideran que las matizaciones incluidas ahora en la sentencia firme les dan alas para actuar contra el tribunal que les juzgó y condenó en 2018. Por ese motivo, muchos abogados de los cabecillas de la trama ya estudian la interposición en el Tribunal Supremo de un incidente excepcional de nulidad así como la vía del Tribunal Constitucional al considerar que se les ha vulnerado sus derechos fundamentales. Al respecto, el fallo conocido este miércoles descarta visos de falta de imparcialidad entre los tres magistrados que juzgaron la época primera de la red y ello pese a que a algunos de ellos, como es el caso de Ricardo de Prada se les recusó por su amistad con Baltasar Garzón (primer juez instructor del caso Gürtel).  

Mostrar comentarios