El acuerdo se ha sellado después de que los nueve integrantes de EKIN hayan aceptado en la Audiencia Nacional su participación "contraria a la legalidad" en las actividades de esta organización. Además, se hayan comprometido a renunciar a cualquier actividad que haga uso de la violencia y han reconocido el "sufrimiento causado", mostrándose a favor de la reparación de las víctimas del terrorismo.
Tras la conformidad de las partes, el fiscal ha propuesto una pena para Ugaitz Elizaran Aguilar de dos años, tres meses y un día al considerarlo partícipe de la dirección de EKIN, con el agravante de la reincidencia. Sin embargo, el representante del Ministerio Público, en un acuerdo refrendado por la AVT y DyJ, ha abogado por su libertad condicional.
La pena menor ha sido la solicitada para Sandra Barrenechea, para quien el fiscal ha pedido un año y nueve meses de prisión al no considerar acreditada su participación en la dirección de EKIN. El resto de los acusados han aceptado los dos años de prisión solicitados por el Ministerio Público.
En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal pedía que la Audiencia Nacional condenara a los nueve presuntos miembros de EKIN por dirigir, coordinar y dinamizar las organizaciones de la izquierda abertzale para conseguir los objetivos estratégicos marcados por ETA.
Concretamente, pedía doce años de prisión para Ugaitz Elizaran Aguilar -hermano de Aitor Elizaran, exjefe político de ETA--, y nueve años al resto, entre ellos Egoitz Garmendia Vera, Urko Asier Ayerbe Sarasola, Erika Bilbao Barzena y Sandra Barrenechea, todos ellos detenidos en 2010.
MISMO ACUERDO QUE EN ABRIL
El pasado mes de abril, otros cinco integrantes de EKIN aceptaron una condena de dos años de prisión e inhabilitación especial por el mismo tiempo por un delito de pertenencia en organización terrorista, tras llegar también a un acuerdo con la Fiscalía.
Gorka Zabala Cia, Gorka Mayo Hermoso de Mendoza, Iker Moreno Ibañez, Iñigo González Etayo y Juan Francisco Arratibel Garciandia firmaron la misma declaración que la realizada por los 35 miembros de la reconstruida Batasuna, el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y Acción Nacionalista Vasca (ANV) juzgados el pasado enero.
En ambos juicios, el fiscal José Perals se basó en el artículo 579 bis 4 del nuevo Código Penal que entró en vigor en julio y que prevé imponer la pena inferior en uno o dos grados cuando el hecho sea "de menor gravedad" y no exista violencia.
Las nueve personas juzgadas este jueves se encargaron hasta la detención de 2010 de la estructura territorial que EKIN tenía en Navarra y el País Vasco, y que se financiaba a través de las cuotas y aportaciones de los militantes y simpatizantes, así como de la venta de papeletas de rifas o los beneficios obtenidos en 'txoznas' durante fiestas locales.
"VANGUARDIA POLÍTICA"
EKIN fue el órgano creado por la banda terrorista después de que se declarara la ilicitud de Kordinadora Abertzale Socialista (KAS) para ser la "vanguardia política" de la izquierda abertzale y dinamizar el movimiento de masas.
En 2010, antes de su disolución, la organización incrementó notablemente su actividad en el País Vasco y en Navarra, estando sus miembros en comunicación con la organización terrorista, tal y como acreditan documentos incautados en la operación, como el 'Manual de Formación', 'Evolución del modelo organizativo de la izquierda abertzale', 'Ejes de la estrategia de cara al proceso democrático' o 'Proceso democrático', referido al camino que ETA consideraba necesario emprender para lograr la independencia y el "respeto de los Estados".
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