Confinadas en plena pandemia y víctimas de la (creciente) violencia de género

Las demandas de divorcio aumentan de forma considerable justo después del veraneo. El odio que se profesan mutuamente algunos cónyuges resulta insoportable durante las jornadas interminables de luz, mar y niños ajenos que les rebozan de arena playera en la fase más rabiosa de la canícula. Dicen que el hábito no hace al monje. Es verdad, porque (durante el invierno) los dos miembros de la unión a veces disimulan en público e incluso algunas parejas hipócritas se hacen mimos y carantoñas en presencia de los amigos. Pero llegan las vacaciones y se desencadena la guerra. Aunque viajan juntos por voluntad propia. Ya se sabe, la inercia de los años. Nadie les apunta con un fusil de asalto forzándoles a contratar un apartamento minúsculo en Torremolinos. Pero todos los veranos viajan a la Costa del Sol.

Traslademos ahora a la pareja de Torremolinos a su residencia habitual, en el barrio madrileño de Moratalaz. Como los dos trabajan a jornada completa y, al concluir el tajo, ambos se van de parranda con los compañeros de la oficina, apenas se ven y la tensión conyugal se relaja. Pero llega marzo de 2020, la Covid-19 hace estragos en España y el Gobierno decreta el estado de alarma y confina a los ciudadanos en sus domicilios a toque de corneta. Después de sesenta días de arresto domiciliario, los nervios se desatan sin control y uno de los compañeros de celda –el marido, que es un bárbaro criminal- le pega una paliza solemne a su mujer. Por eso, una Resolución del Ministerio de Igualdad, de 13 de mayo, para auxiliar a las víctimas, ha aprobado una partida económica muy superior a la de años anteriores.

Es hora de volver a la mujer de Moratalaz. A la señora, como es natural, se le cae la casa encima después de sufrir las patadas del hipopótamo que antiguamente le recordaba a Arturo Fernández. Con la circunstancia agravante, en estos tiempos de muerte y desolación, de que los servicios de asistencia a las mujeres maltratadas han echado el cierre. Empezando por los juzgados, que acaban de abrir y tardarán varias semanas en tramitar los asuntos ordinarios (o meses, porque se colapsarán por la bolsa de asuntos pendientes). La indefensión de la señora es mayúscula. Las mujeres víctimas de violencia de género, como consecuencia de la pandemia y de los decretos de prórroga del estado de alarma, son hoy una pieza muy fácil de abatir por sus victimarios. Paradójicamente, el intervencionismo extremo del Gobierno ha devuelto a muchos individuos al estado de naturaleza de Thomas Hobbes. La organización del Estado está hoy bajo mínimos para garantizar los derechos humanos si el agresor es un particular. Muchas mujeres son víctimas de sus crueles compañeros de viaje. ¡Una práctica prepotente y odiosa que el Estado debe castigar sin misericordia! Ojalá la violencia pudiera ser telemática.

Un paliativo útil para las mujeres que sufren los desmanes de sus compañeros es el Real Decreto-ley 12/2020. Al menos (artículo 2), las mujeres afectadas pueden llamar a los servicios de información y asesoramiento jurídico a las víctimas, que funcionan sin interrupción durante las 24 horas del día. Esos contactos se han multiplicado por cuatro durante el confinamiento. Asimismo, las mujeres pueden comunicarse con los servicios de "asistencia en línea", que se encargarán de avisar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El artículo 3 del Real Decreto-ley habilita a las mujeres (en unión de sus hijos menores) para utilizar los servicios residenciales de acogida, como los "pisos tutelados" y otros alojamientos seguros, entre ellos algunos apartamentos turísticos intervenidos a tal efecto por las autoridades.

El Real Decreto-ley 12/2020 es una norma expansiva que trasciende los supuestos de violencia de género. Su artículo 8 impugna "todas las formas de violencia contra las mujeres". Estoy seguro de que los juristas del Gobierno no han querido violar el derecho a la igualdad (artículo 14 de la Constitución), que prohíbe cualquier discriminación por razón de sexo. Pero al situar en el mismo nivel de protección jurídica a las mujeres víctimas de violencia de género y a todas las mujeres en general, el Real Decreto-ley 12/2020 puede dar lugar a discriminaciones insólitas. Piensen ustedes, por ejemplo, en una pareja homosexual confinada en su domicilio. Si la relación es femenina y una lesbiana (o su primo) le rompe el brazo a su compañera, la agredida recibirá las prestaciones establecidas por dicha norma. Ahora imaginen la misma relación pero en versión masculina. Si un marido depredador (o su hermano) le rompe la pierna a su compañero sentimental, la cosa cambia. El bruto puede ser denunciado por lo civil, lo penal o lo militar. Sin embargo, el varón que ha sufrido la violencia no tendrá título habilitante para exigir la prestación de los servicios que el citado Real Decreto-ley reserva exclusivamente para las mujeres.