El promotor inmobiliario Joaquín Vives ha confirmado este jueves en el juicio que sigue la Audiencia Nacional sobre la trama Pretoria que su sociedad Promotor Associats del Maresme acabó vendiendo en 2003 una finca ubicada en Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona) al empresario y cabecilla de esta presunta red de corrupción Luis García 'Luigi', acusado de cobrar comisiones ilegales en la operación.
A preguntas de la fiscal Anticorrupción Ana Cuenca, Vives ha precisado que conoció a 'Luigi'- que se enfrenta a una petición de ocho años de cárcel-- de mano del entonces coordinador del Plan Territorial de Barcelona Ginés Carbó Boatell, que se lo presentó como presunto comprador de la finca ubicada en Can Riviere.
Pese a la prisa del empresario por cerrar la venta ya que había "desesperación" porque iban "hasta el cuello", las negociaciones quedaron congeladas medio año y finalmente consiguieron sellar el acuerdo de venta por un precio de 3.272.000 de euros, según el escrito de la fiscal.
El testigo ha insistido que todas las negociaciones relativas a la venta de la finca las llevó directamente con el principal acusado de esta operación, conocida como Niesma y que, según el Ministerio Público, tuvo dos fases; esta primera cerrada con Vives y otra que consistió en la compra un año después a los hermanos Riviere de un segunda finca ubicada en el mismo terreno.
Según relata la fiscal, los acusados 'Luigi', su testaferro Manuel Valera y los dos exaltos cargos de lal Generalitat Lluis Prenafeta y Maciá Alavedra aprovecharon que los terrenos iban a ser recalificados para mediar en las operaciones de compra venta. El primero de ellos, beneficiándose su buena relación con los miembros del Ayuntamiento, consiguió que se aprobara un convenio de colaboración con su sociedad Niesma para "influir" en la fijación de las condiciones urbanísticas de la modificación.
RECALIFICACIÓN DEL TERRENO
Niesma vendió las fincas en 2005, una vez revalorizadas, por más de nueve millones de euros, lo que le reportó un beneficio de 761.000 euros y que repartió entre los acusados arriba mencionados abonándoles comisiones del 4 por ciento. Al respecto los propios acusados Alavedra y Prenafeta confirmaron en su declaración ante el tribunal que preside la magistrada Concepción Espejel que cobraron comisiones por mediar en estos proyectos urbanísticos.
La Audiencia Nacional juzga la trama desarrollada entre los años 2000 y 2009 y que se divide en la operación Niesma, la operación Pallaresa (Santa Coloma de Gramenet) y la operación Badalona, relativa a la recalificación de unos terrenos en el puerto deportivo.
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