Confirman embargo millonario a bienes del expresidente argentino Carlos Menem

Buenos Aires, 3 jul.- Un tribunal argentino confirmó el embargo de bienes por diez millones de pesos (1,22 millones de dólares) al expresidente Carlos Menem (1989-1999) con relación a la causa por presunta corrupción en la que está procesado, informaron hoy fuentes judiciales.

La Sala II de la Cámara Federal ratificó el embargo dispuesto por el juez federal Sergio Torres en el marco de la presunta venta irregular de un predio para ferias de Buenos Aires a la Sociedad Rural Argentina (SRA), una de las mayores patronales agrarias del país, en 1991.

En la resolución, difundida por la agencia estatal Télam, los magistrados consideraron que la venta "tuvo consecuencias, efectos y perjuicios de índole económica que afectaron al patrimonio estatal en grados importantes".

El pasado abril, la Cámara Federal dictó el procesamiento de Menem y del exministro de Economía Domingo Cavallo (1991-1996) "por haber sustraído ilegalmente del patrimonio estatal el Predio Ferial de Palermo por un precio vil".

También procesaron a los extitulares de la entidad ferial Eduardo De Zavalia y Juan Ravagnan y a los integrantes de la entonces Comisión de Venta de Inmuebles Estatales del Ministerio de Economía Matías Ordóñez y Gastón Figueroa Alcorta.

Peritos de la Corte Suprema concluyeron que al momento de la venta el valor del predio era de 131,8 millones de pesos (por entonces, igual cifra en dólares), mientras que la operación se pactó en 30 millones de dólares.

El predio de la Sociedad Rural, ubicado en el corazón de la capital argentina, tiene una extensión de 45.000 metros cuadrados cubiertos y 10.000 descubiertos.

La Sociedad Rural Argentina vendió en 2005 el 50 % de las acciones de la sociedad que administra el predio La Rural al Grupo de Narváez (GdN), propiedad del diputado peronista disidente Francisco de Narváez, quien a su vez vendió su participación en 2012 a Fénix Entertainment Group, una firma dedicada a organizar espectáculos musicales.

En enero de 2013, el Gobierno de Cristina Fernández dispuso la estatización del complejo de ferias y exposiciones.