"O hay una solución por el diálogo o por la justicia internacional", afirmó el magistrado en Buenos Aires, antes de un Congreso de la Fundación Jurisdicción Universal, fundada por él y con asistencia de casi un millar de dirigentes, activistas y funcionarios.
"No me parece adecuado que el caso vaya a la Corte Penal Internacional (CPI, casos criminales). Sí me parece que puede ir a la CIJ, a través de una opinión consultiva en Naciones Unidas. Es lo más rápido", apuntó Garzón, asesor del gobierno colombiano en temas jurídicos.
El hombre que logró el arresto del fallecido exdictador chileno Augusto Pinochet (1973-90) en Londres, en 1998, por crímenes de lesa humanidad, dijo que en la crisis colombo-venezolana "hay personas vulnerables, menores de edad o mayores, que se ven privadas de sus derechos de asistencia en su vida común. Es algo inaceptable".
Unos 20.000 colombianos están afectados por la crisis fronteriza con Venezuela, con casi 1.500 deportados y más de 18.000 que huyeron por temor a ser expulsados, según la ONU. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha denunciado las deportaciones.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha desplegado miles de efectivos militares y cerrado pasos fronterizos, con el argumento de combatir el contrabando en el que estarían implicados paramilitares colombianos que buscan desestabilizar su gobierno.
"En un plazo no mayor a seis meses debería pronunciarse la CIJ y definirse qué se puede y qué no se puede hacer. Hay grupos enfrentados, hay grupos delictivos. Lo que no puede nunca es producir esta situación, que en realidad es reiterada", dijo Garzón.
Ambos presidentes dijeron estar dispuestos al diálogo pero sólo hay mediaciones preliminares en la región.
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