Congreso aprueba el proyecto de ley de rehabilitación y regeneración urbana

  • La Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy el proyecto de ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas con las críticas de la oposición, que considera que la norma es insuficiente e invade competencias autonómicas.

Madrid, 29 may.- La Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy el proyecto de ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas con las críticas de la oposición, que considera que la norma es insuficiente e invade competencias autonómicas.

El diputado del PP Andrés Ayala ha subrayado durante su intervención que el proyecto de ley -que deberá pasar ahora al Senado para su debate- incluye modificaciones en la ley de propiedad horizontal, en la ley de ordenación de la edificación y código técnico y en el texto refundido de la ley de suelo a fin de adaptar la competencia del Estado.

En este sentido, ha señalado que la ley no invade competencias autonómicas y que respeta el marco constitucional, a diferencia de lo que ha asegurado la diputada socialista Leire Iglesias, que ha criticado que en las enmiendas al proyecto el PP haya introducido cambios que nada tienen que ver con el texto y que afectan, por ejemplo, a la ley de seguridad aérea, a los contratos locales o a la venta de tabaco.

Por ello, el PSOE ha presentado un recurso a la mesa del Congreso, al tiempo que ha afirmado que la ley de rehabilitación y regeneración urbana es una "oportunidad perdida", el compromiso inversor del Gobierno es "cero" y representa además una vulnerabilidad para los colectivos más desfavorecidos.

Por su parte, desde CiU, Pere Macías, ha indicado, al igual que la diputada del Grupo Vasco Isabel Sánchez, que esta ley va asociada a una invasión competencial de las comunidades autónomas.

Desde la Izquierda Plural, Ascensión de las Heras ha calificado además de inaceptable el régimen disciplinario en relación a la certificación energética, que entrará en vigor a partir del 1 de junio.

A partir de esta fecha, todo inmueble que se quiera vender o alquilar en España deberá disponer del Certificado de Eficiencia Energética, siendo el propietario el responsable de aportarlo.

En una enmienda del PP se establece un régimen de sanciones en materia de certificación energética que va desde los 300 a los 6.000 euros dependiendo del tipo de infracción.

A principios de abril, el Gobierno anunció un paquete de medidas en materia de vivienda que contempla un proyecto de ley de rehabilitación y regeneración urbana así como un Plan Estatal de Vivienda presupuestado en 2.421 millones con el que se podrán crear 105.000 nuevos puestos de trabajo en un plazo de cuatro años.

En este punto se concederán hasta 4.000 euros por vivienda para la conservación, 2.000 para la mejora de la eficiencia energética y 4.000 para la mejora de la accesibilidad. La cuantía no podrá superar en un principio el 35 % del presupuesto.

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