Madrid, 17 may.- El Congreso, con los votos a favor del PP y de UPyD, ha aprobado hoy la convalidación del real decreto-ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente que modifica algunas de las leyes más destacadas en la materia como las de Agua, Residuos y Derechos de emisión de CO2.
En su intervención, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que ha recordado que el real decreto-ley se tramitará como proyecto de ley, ha justificado la norma en la necesidad de contar con una legislación clara y sencilla para proteger y gestionar el desarrollo sostenible.
Cañete ha asegurado que el real decreto-ley simplifica la tramitación burocrática, agiliza la gestión de los recursos hídricos y hace posible las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
En cuanto a la reforma de la Ley de Aguas, el ministro ha dicho que restablece el principio de unidad de cuenca, como única forma de garantizar una gestión eficiente y solidaria, y descarta "fraccionar cualquier función que el Estado ejerce en las cuencas intercomunitarias, lo que significa "abandonar el interés político-partidista".
El real decreto-ley sustituye el concepto "acuífero sobreexplotado" por el de "masa en riesgo de no alcanzar el buen estado ecológico o químico".
Fija "un marco más flexible al utilizar el criterio de media interanual: en situaciones de sequía se permitirá extraer algo más de agua sobre la media, lo que se compensará con una mayor recarga y una menor extracción en los años húmedos. Una suerte de medidas anticíclicas que otorgarán mayores márgenes de gestión en sequía", ha explicado Arias Cañete.
Además recoge una disposición específica para la cesión de derechos en el Alto Guadiana.
"Se permite que no solo puedan ceder el aprovechamiento los concesionarios, sino también los titulares de los aprovechamientos temporales de aguas privadas y que la cesión sea irreversible y total", con dos garantías que en la cesión "el organismo de cuenca se reservará un porcentaje y que la cesión no puede suponer aumentar la superficie regada".
La reforma de la Ley de Patrimonio Natural supone que por cada territorio haya un único instrumento de planificación que contemple todos los aspectos sectoriales: un territorio protegido, un único documento de planificación", ha dicho el ministro.
Asimismo pretende racionalizar la gestión de los espacios de la Red Natura 2000, por lo que impone la obligación de que los instrumentos de gestión consideren las necesidades de los municipios cuyo término municipal este dentro de una Zona Especial de Conservación o de protección para las Aves.
El ministro ha explicado que la Ley de Residuos se modifica para aclarar y eliminar cargas administrativas, "no se impone un determinado sistema de gestión de residuos, sino que garantiza que el sistema que se establezca alcance los máximos objetivos de reutilización".
Además ha dicho que el real decreto modifica la Ley del Mercado de Valores para adaptarla a la norma comunitaria y que España acceda a las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (CO2) para cumplir con Kyoto.
En el debate parlamentario, todos los grupos de la oposición, a excepción de UPyD, han cuestionado la urgencia de la reforma legislativa en temas de medio ambiente a través de un real decreto-ley.
En sus respectivas intervenciones los portavoces parlamentarios se han referido a "renacionalización" y centralización de las competencias de las comunidades autónomas, han citado el concepto "privatización encubierta", han criticado la ausencia de participación social y han advertido de una desprotección del medio ambiente en favor de "intereses de unos pocos".
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