Congreso colombiano rectifica y hunde reforma que blindaba a clase política

Ana Gómez

Bogotá, 28 jun.- El Congreso de Colombia rectificó y hundió hoy una polémica reforma a la Justicia, a la que los legisladores habían introducido cambios de última hora en beneficio propio y que buscaba blindar judicialmente a políticos y altos funcionarios.

En una sesión extraordinaria convocada por el presidente del país, Juan Manuel Santos, quien asumió su cuota de responsabilidad al aceptar la renuncia de su ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, el Legislativo archivó por unanimidad la iniciativa, pese a que la habían dado el visto bueno el 20 de junio.

La revocatoria fue aprobada en el Senado por 73 votos a favor y ninguno en contra, mientras que en la Cámara de Representantes se presentaron 117 votos a favor y ninguno en contra.

Santos, el mayor impulsor de esta reforma que buscaba descongestionar la Justicia, se convirtió en su mayor enemigo público desde de que salieran a la luz los cambios subrepticios incluidos por los legisladores en la conciliación del texto final.

Esas modificaciones podían haber dejado en el limbo jurídico a unos 1.500 congresistas, exministros y otros altos funcionarios que son investigados y procesados por diversos delitos, al tiempo que suprimían el mayor castigo a un legislador: la "muerte política".

Entre los políticos que podrían haberse beneficiado de esa reforma están ministros y colaboradores del Gobierno del Álvaro Uribe (2002-2010), hoy encarcelados, así como un buen número de políticos vinculados con paramilitares.

Al día siguiente de su aprobación, cuando los legisladores se disponían a partir de vacaciones tras dejar lista una de las normas más controvertidas de la historia reciente de Colombia, cundió la indignación.

Y es que miles de ciudadanos, altos cargos, miembros de las Cortes y académicos denunciaron inmediatamente después de la aprobación que esa reforma alimentaba la impunidad y era un atentado contra la Constitución.

En consecuencia, el ministro Esguerra presentó su renuncia irrevocable por su responsabilidad y no culpabilidad, pues justificó que había "sido engañado" por los legisladores que incluyeron los cambios.

El escándalo creció cuando el presidente de la Cámara de Representantes, Simón Gaviria, admitió haber leído el texto final con los polémicos cambios tan sólo "por encima" y azuzado por las prisas del Gobierno.

Al tiempo, el presidente del Senado, Juan Manuel Corzo, quien también había dado el visto bueno al texto final, se apresuraba a viajar al exterior, desde donde se le reclamó regresara con urgencia a Colombia.

Todos estos acontecimientos provocaron una caída en picado de la imagen de unos y otros, según una encuesta publicada hoy por Datexco, en la que se determina que la popularidad de Santos se redujo del 65,46 % en abril pasado al 55,4 %.

En cuanto a la percepción positiva del Congreso pasó del 30,5 al 16 %, mientras que el 74,06 % de los colombianos se expresó contrario a la reforma judicial y el 73,13 % llegó a respaldar un eventual referendo para revocarlo.

"Aprender de los errores", fue la lección que el presidente Santos reconoció hoy haber recibido tanto él como el Congreso, al también indicar que de no haberse revocado la reforma se hubiera presentado una situación "muy negativa para la justicia y para el país".

De cara a la próxima legislatura, que arranca el 20 de julio y se extenderá hasta diciembre, el representante a la Cámara por el partido izquierdista del Polo Democrático Alternativo (PDA), Iván Cepeda, abogó por preparar una reforma judicial, pero esta vez "hecha a medida de los ciudadanos".

Precisamente su partido fue el único que el pasado 20 de junio se retiró de la votación que dio lugar al escándalo.

Una reforma que aborde "los principales problemas de la Justicia, que garantice el acceso democrático, la eficiencia y la eficacia de la misma, y que permita contrarrestar la criminalidad y la impunidad reinantes en nuestro país", matizó Cepeda.

Ese fue precisamente el espíritu con el que el Gobierno presentó el proyecto de reforma en 2010, pero los intereses de algunos legisladores y la desidia de otros, que reconocieron haber votado el texto sin leerlo, dieron lugar a lo que muchos califican como "un intento de golpe de estado parlamentario".