La Comisión de Interior del Congreso ha acordado que el próximo 18 de octubre arranque la ponencia que trabajará para reformar la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, cuya modificación lleva paralizada más de año y medio. Con este acuerdo han salido los portavoces de la comisión de Interior reunidos para decidir el procedimiento y la tramitación de las dos proposiciones de ley del PNV y el PSOE para modificar la ley de Seguridad Ciudadana.
Finalmente, según han asegurado los portavoces de Interior de PSOE, Ciudadanos, Podemos y PNV, los trabajos comenzarán el jueves 18 de octubre con la constitución de la ponencia, en la que los grupos designarán sus portavoces y podrán proponer como máximo dos comparecencias a dicha comisión. Al existir dos propuestas sobre la mesa, los grupos han acordado que los trabajos, que se realizarán a puerta cerrada, tengan como referencia el texto del PNV que proponía retocar fundamentalmente 44 apartados y no sobre la iniciativa del PSOE que quería la derogación.
Pese a que será el texto del PNV el punto de partida para reformar la ley vigente aprobada en 2015, los portavoces serán "flexibles" y aceptarán enmiendas "in voce". El portavoz de Unidos Podemos, Eduardo Santos, ha explicado que, aunque no rechazan que existan comparecencias, lo "importante"· es agilizar ya la reforma y no dilatarla más en el tiempo después de que en marzo de 2017 el Congreso iniciara la tramitación de las dos proposiciones de ley. Por eso, Podemos espera que las comparecencias concluyan en la segunda semana de noviembre mientras se siguen las conversaciones "informales" sobre aspectos a reformar de la ley.
La proposición de ley del PNV asegura que "busca corregir los desequilibrios" de la 'ley mordaza', una norma que, denuncian, "concibe la seguridad como un freno a los derechos y libertades públicas". Entre los 44 apartados que el PNV quiere retocar están la eliminación como infracción grave del uso no autorizado de imágenes o datos de los agentes y la falta de respeto a una autoridad pública o funcionario, además de suprimir la posibilidad de hacer cacheos en la vía pública o la incorporación de tres disposiciones finales para revisar el procedimiento legal de las devoluciones en la frontera.
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