El poder legislativo no predica con el ejemplo. Doce años después de la entrada en vigor de la Ley de Igualdad, el Congreso de los Diputados sigue sin contar con el Plan obligatorio que esta norma exige a las empresas para garantizar que las mujeres y los hombres reciben el mismo trato en los centros de trabajo y evitar así cualquier tipo de discriminación. Una carencia que supone una infracción "muy grave" y puede conllevar multas de hasta 187.515 euros.
En su origen, la ley socialista de 2007 imponía los planes de igualdad a las empresas de más de 250 trabajadores. Recientemente, el Gobierno de Pedro Sánchez ha ampliado esta obligación hasta las compañías que cuentan con más de 50 empleados, aunque les ha dado tres años de margen para adaptarse. De cualquier manera, el Congreso lleva más de una década incumpliendo la Ley, pues en la sede del Parlamento trabajan más de un millar de personas, entre ellas los 350 diputados.
Fue Ciudadanos quien dio la voz de alarma. La formación naranja lleva advirtiendo de este incumplimiento prácticamente desde su irrupción en la Cámara, pero no fue hasta abril de 2017 cuando lo denunció de manera oficial. Su portavoz de Igualdad, Patricia Reyes, puso el tema sobre la Mesa del Congreso y se creó un grupo de trabajo en el mes de octubre de aquel año, presidido por la vicepresidenta segunda de este órgano, la socialista Micaela Navarro, y del que forman parte, además de Reyes, la secretaria primera, la 'popular' Alicia Sánchez-Camacho, el secretario tercero, Marcelo Expósito (En Comú) y la letrada Mercedes Araujo.
Se acordó que esa nueva comisión debía realizar un primer diagnóstico y elaborar un informe de situación para detectar posibles desigualdades en ámbitos como la contratación, la formación, la promoción y los salarios, entre otras condiciones laborales. Después debía consensuarse un plan de acción con medidas concretas, un calendario de implantación y un método específico de recogida y evaluación de resultados.
Los deberes se alargaron hasta octubre de 2018, cuando finalmente la Cámara adjudicó el contrato para la elaboración del Plan de Igualdad a la empresa Concilia2. "Nos reunimos en varias ocasiones y el mayor obstáculo fue determinar el alcance del Plan, que finalmente se limitó a los funcionarios y al personal laboral de la Cámara, sin tener en cuenta a los grupos parlamentarios ni, por tanto, a los 350 diputados", explica Micaela Navarro a La Información.
Una vez definido el campo de estudio y estudiada la oferta pública, se optó por la consultora de recursos humanos Concilia2, especializada en conciliación e igualdad de oportunidades. Se le adjudicó un contrato menor, de unos 14.000 euros: 7.000 euros para la elaboración del diagnóstico, algo más de 4.000 para el diseño del Plan de Igualdad y otros cerca de 3.000 euros para la implantación de medidas.
Según el calendario previsto inicialmente, el Plan debía estar listo antes de finalizar 2018, pero a día de hoy todavía no ha visto la luz. La consultora estableció como primer paso la creación de un Comité Permanente de Igualdad para la coordinación y ejecución de las actividades, pero fuentes parlamentarias revelan que los trabajos "van con mucho retraso" y "prácticamente no se ha avanzado nada".
Desde el entorno de Alicia Sánchez-Camacho, la encargada de hacer el seguimiento de este proyecto como responsable de la Junta de Personal, relatan que hace dos semanas se produjo una primera reunión en la que se tomaron en consideración los datos recopilados por la consultora, que están pendientes de una nueva convocatoria y que "se sigue trabajando", pero rehúsan aportar un calendario y concretar una fecha de finalización de los trabajos. Se desconoce, por tanto, cuándo contará el Congreso de los Diputados con un Plan de Igualdad que llega ya doce años tarde.
Multa de hasta 187.515 euros
No es una cuestión menor. El Congreso sigue remoloneando con una obligación cuyo incumplimiento conlleva sanciones de más de 187.000 euros. Así lo establece la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que considera la ausencia de la elaboración y aplicación del Plan de Igualdad como una infracción "muy grave" para la que se contemplan multas de entre 6.251 y 187.515 euros en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social.
Pero lo cierto es que el Congreso es solo el reflejo de lo que sucede en el ámbito empresarial. Según un estudio de la consultora Leialta, el 90% de las empresas españolas no aplica ni fomenta medidas de igualdad. El problema es que no existe un registro oficial. Si bien el Regcom, de consulta pública, recoge los planes de igualdad inscritos, la inscripción es voluntaria. De cualquier manera, allí constan apenas 280 empresas con este tipo de planes, de un total de 4.700 compañías que estaban obligadas a contar con ellos hasta ahora, las de más de 250 trabajadores.
Con la nueva normativa aprobada por Real Decreto-ley, el Ejecutivo ha ampliado esta exigencia a otras 24.500 compañías de menor tamaño, hasta rozar las 30.000 firmas con más de 50 asalariados. Hasta ahora, la Inspección de Trabajo apenas ha sancionado por incumplimientos relacionados con los planes de igualdad, pero los expertos auguran que la actividad inspectora, y con ella la sancionatoria, se va a incrementar notablemente en los próximos meses. De hecho, el plan estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2018-2020 pone el foco con especial intensidad en las campañas dirigidas a vigilar, precisamente, el cumplimiento de los planes de igualdad.
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