EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PROSIGUE EL TRÁMITE DE ENMIENDAS PARA REGULAR SU RELACIÓN CON LOS 'LOBBY'

El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó este jueves la enmienda a la totalidad presentada por Unidos Podemos a la proposición de ley del PP sobre regulación de los 'lobby', con lo que la iniciativa prosigue su tramitación para debatir y votar enmiendas parciales.
Se trata de una proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados promovida por el PP para regular esa relación con los grupos de interés, que fue tomada en consideración el pasado mes de marzo y a la que posteriormente Unidos Podemos presentó una enmienda de totalidad que fue rechazada por 157 votos a favor, 179 en contra y 3 abstenciones.
La portavoz de Unidos Podemos, Gloria Elizo, la defendió para superar las "carencias" de forma y de fondo que, en su opinión, tiene la proposición del PP, incluyendo la audiencia a ciudadanos y sociedad civil, la publicación de las agendas de trabajo de los parlamentarios, la obligatoriedad de constatar la huella legislativa de las normas para dar mayor visibilidad a la trazabilidad a las leyes, o la ampliación de la información que tienen que registrar los grupos de interés.
Elizo alertó de que no todos los grupos de la sociedad civil tienen medios para poder reunirse con legisladores y el principio de participación exige que esos colectivos, como los ciudadanos particulares, tengan la oportunidad de exponer su punto de vista sobre las iniciativas en tramitación.
El portavoz del PSOE, Ignacio Urquizu, avanzó el voto favorable a esa enmienda para demostrar "que quien gobierna es el poder político y no el económico". Sin embargo, alertó de la necesidad de distinguir "transparencia de exhibicionismo", y se remitió al trámite de enmiendas parciales para mejorar la iniciativa.
Dejó claro que el PSOE es "mucho más exigente" que Unidos Podemos en cuanto a las obligaciones de los grupos de interés, en la extensión del código ético a los empleados públicos y en la necesidad de prevenir "ciertos choques de intereses" en la actividad parlamentaria.
En nombre de Ciudadanos, Ignacio Prendes señaló varios puntos a mejorar en el trámite de enmiendas parciales con un punto intermedio entre las "insuficiencias" de la iniciativa del PP y pretensiones que van "más allá de lo que nos ocupa" en la enmienda de totalidad de Unidos Podemos.
Francesc Eritja, de ERC, apuntó también que la enmienda supondría un "paso adelante muy importante en el proceso de regeneración democrática" y se mostró dispuesto a conseguir ese objetivo mediante enmiendas parciales. Por su parte, Mikel Legarda, del PNV, señaló algunas deficiencias en ambos textos pero no respaldó la enmienda por entender que es inconstitucional en cuanto pretende regular desde el Reglamento del Congreso de los Diputados materias que entran en otros ámbitos de competencias.
Desde el Grupo Mixto, tanto el PDECat como Carlos Salvador argumentaron su rechazo a la enmienda. Desde el PP, María Jesús Bonilla reconoció su sorpresa por la presentación de ese texto después de que la propuesta iniciara su tramitación, que podría estar analizando ya enmiendas parciales.
LA PROPUESTA DEL PP
En la exposició de motivos de la iniciativa, el PP explica que, en aplicación de la Ley de Transparencia, el Congreso de los Diputados dispone de un portal en el que ha volcado una “importante cantidad de información” sobre su actividad, y también los parlamentarios han asumido sus responsabilidades en ese ámbito al incluir en sus perfiles públicos sus declaraciones de bienes y de actividades.
Para seguir profundizando en ese camino, considera adecuado regular los grupos de interés en el Reglamento del Congreso de los Diputados. “Es evidente que la interacción de los poderes públicos con las empresas, asociaciones, ONGs, organizaciones comerciales y profesionales, sindicatos, grupos de reflexión, etc. es legítima y necesaria para la calidad de la democracia, porque se aportan perspectivas, puntos de vista, opiniones y criterios que de otra forma serían difíciles de percibir y conocer por el legislador”, dice el PP.
Al mismo tiempo, los ciudadanos tienen derecho a esperar que ese proceso sea transparente y tenga lugar dentro del estricto cumplimiento de la ley, basado en unos principios éticos claros y de obligado respeto.
La iniciativa pretende añadir un nuevo capítulo al Título IV del Reglamento del Congreso , con dos apartados al artículo 107. En uno de ellos se crea el Registro público y obligatorio en el que deban inscribirse los representantes de los grupos de interés que mantengan encuentro con los diputados y el personal adscrito a su labor parlamentaria con el fin de trasladar sus propuestas. Quedaría adscrito a la Secretaría General de la Cámara.
Se considera grupo de interés “a aquellas personas físicas o jurídicas que lleven a cabo de manera organizada acciones para influir en el poder legislativo en defensa de los intereses comunes de sus miembros”.
Además de dejar constancia de las reuniones en el Registro, esos grupos deberán dejar en el mismo una copia de la documentación entregada a los parlamentarios o a su personal adscrito, y se deja en manos de la Presidencia, con el parecer favorable de la Mesa y de la Junta de Portavoces, la adopción de las medidas necesarias para asegurar la publicidad del registro con las garantías suficientes para proteger los datos que deban mantenerse reservados.
COMPORTAMIENTO "DESHONESTO"
El PP propone una redacción para los datos que deban constar en la inscripción de esos grupos en el Registro y detalla unas normas de conducta cuyo acatamiento será obligatorio, por ejemplo no tratar de obtener información o decisiones “de forma deshonesta o mediante un comportamiento inadecuado”. También prohíbe a los integrantes de esos grupos dar a entender, en su trato con terceros, que tienen una relación “formal ni personal” con los diputados o su personal, falsear datos en el Registro para inducir a error sobre sus pretensiones, así como vender, comerciar o realizar cualquier acto con ánimo de lucro con la documentación obtenida del Congreso salvo en el caso de la que sea pública.
La infracción de cualquiera de los puntos contenidos en ese código de conducta supondría la cancelación de su inscripción en el Registro y la prohibición de acceso al Congreso durante el periodo que decidiera la Mesa en función de la gravedad de la infracción.
La iniciativa del PP deja en manos de la Presidencia del Congreso la supervisión de la aplicación de la normativa, incluyendo la verificación de los datos objeto de registro, la concesión de acceso y la propuesta a la Mesa de retirada del mismo. En caso de proponer la retirada del Registro, se deberá acreditar que seha dado previa audiencia al interesado, concluye.