El Pleno del Congreso ha instado este martes al Gobierno a derogar la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en 2015, bautizada por sus detractores como Ley Mordaza, y a promover en su lugar una nueva normativa "más respetuosa con los derechos y libertades fundamentales" recogidos en la Constitución.
La medida formaba parte del primer punto de la moción del PSOE consecuencia de la interpelación que dirigió el pasado miércoles al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y ha contado con el apoyo de todos los grupos excepto el PP y el Foro de Asturias.
Ciudadanos, como ya hiciera en una propuesta similar el pasado 5 de abril, ha optado por la abstención al subrayar que es favorable a "reformar", pero no así a derogar una norma que incluye 44 supuestos de sanciones administrativas.
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El Partido Popular ha defendido la Ley de Seguridad Ciudadana alegando que es una norma necesaria para hacer frente a la amenaza del terrorismo yihadista, además de garantista con los derechos de los ciudadanos. "España no es Cuba ni Venezuela", ha defendido el diputado José Alberto Martín-Toledano.
El grupo mayoritario, en cambio, sí ha respaldado otros tres de los cinco puntos de la moción del PSOE, al entender que el Gobierno de Mariano Rajoy trabaja ya para incrementar las plantillas de las fuerzas de seguridad del Estado y de Instituciones Penitenciarias, así como para reducir los robos en viviendas, rebajar la siniestralidad vial o mejorar la transparencia de los centros de internamiento de extranjeros (CIE).Votada punto por punto
El PSOE ya había anunciado que no iba a aceptar enmiendas para poder votar su iniciativa original punto por punto y así forzar a los demás grupos de la oposición a 'retratarse' en cada asunto. De esta forma, ha conseguido sacar adelante cuatro de las cinco medidas planteadas al Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Aparte de la derogación de la ley Mordaza, el PSOE ha conseguido el apoyo mayoritario de la cámara -con la única abstención de ERC- para reforzar la plantilla de trabajadores de Instituciones Penitenciarias, especialmente en los centros que están sin funcionamiento por falta de efectivos, entre los que cita los casos la Unidad Terapéutica y Educativa (UTE) de Asturias y el módulo para madres jóvenes internas de Alicante.
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