El pleno del Congreso ha rechazado la única enmienda a la totalidad presentada por Ciudadanos (Cs) a la proposición de ley que regula los gravámenes temporales a la banca y las energéticas, un veto que ha sido respaldado por Vox, pero no por el PP, que se ha abstenido. La enmienda a la totalidad de Cs ha sido rechazada con 188 votos en contra, 62 a favor y 91 abstenciones, en la tarde en que el Banco Central Europeo (BCE) ha publicado su informe sobre el impuesto a la banca, en el que recomienda realizar un "análisis exhaustivo" de sus posibles consecuencias negativas y de si podría afectar a la concesión de créditos, entre otros riesgos.
Durante la defensa de su enmienda, la diputada de Cs María Carmen Martínez Granados ha defendido que los gravámenes no se ajustan a lo establecido en el marco europeo, que no se deben calcular sobre los ingresos sino sobre los beneficios de la empresas, que solo deberían aplicarse sobre los resultados de 2022 y que tendrían que tener carácter finalista. "En estos momentos de crisis todos tenemos que arrimar el hombro, empezando por el Gobierno (...) nosotros creemos en un pacto de rentas no en una estafa de rentas", ha dicho Martínez Granados, que ha esperado que el Gobierno no tenga "la desvergüenza" de incluir como enmienda a esta ley el anunciado impuesto a los grandes patrimonios.
El diputado de Vox Rubén Manso ha dicho que la enmienda de Cs es acertada en algunos aspectos, pero no en su intención de reformular unos impuestos que ha considerado una "chapuza tributaria" que disminuirá la inversión en España y obligará a las empresas a pagar aunque den pérdidas. El diputado del PP Gabriel Elorriaga ha anunciado que pedirá comparecencias de expertos y un dictamen jurídico antes de presentar enmiendas a un proyecto de ley que ha tildado de fraude legislativo y de fraude al procedimiento parlamentario. "Para fraude la amnistía que les hicieron a los defraudadores fiscales durante el Gobierno de Rajoy", le ha contestado el diputado socialista Pedro Casares, que ha acusado a quienes se oponen a estos gravámenes de estar en contra a una salida justa y proporcionada de la crisis.
Por parte de Unidas Podemos, Txema Guijarro ha criticado a Cs por plantear un impuesto alternativo arbitrario, que deja exento el 20% de los beneficios de las empresas afectadas, lo que supone pedirles "una compensación raquítica" por los beneficios extraordinarios generados por la crisis. En la misma línea, el diputado de EH Bildu Oskar Matute ha criticado a Cs por querer cargar el coste de la crisis en las espaldas de pensionistas y trabajadores, en lugar de pedir un mayor esfuerzo a quienes más se están enriqueciendo en la coyuntura actual. Joan Baldoví (Compromís) les ha afeado que escojan "el equipo de Iberdrola" en lugar del de "la gente corriente" y Néstor Rego (BNG) que estén "más preocupados por el bienestar de Botín" que por el de los trabajadores, mientras que el portavoz de ERC, Joan Margall, ha asegurado que no defenderá "a las empresas del palco del Bernabeu" que siempre ganan "gobierne quien gobierne".
Tanto Rego como Margall han pedido además que ambos gravámenes sean permanentes. En clave más pragmática, el diputado de PDeCAT Ferrán Bel ha dicho que prefiere trabajar por enmendar la ley de PSOE y UP porque "el original cuenta con una mayoría más sólida" que la alternativa de Cs, mientras que la portavoz del PNV Idoia Sagastizábal cree que el Gobierno tendrá más sensibilidad respecto a los regímenes fiscales propios de País Vasco y Navarra. La diputada vasca ha destacado además que en el fondo estos gravámenes son percibidos como justos por la ciudadanía.
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