México, 22 ene.- La mayoría de los congresos de los estados mexicanos aprobaron la reforma constitucional en materia político-electoral, que ahora pasará al Ejecutivo para su promulgación.
El presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Ricardo Anaya, emitió hoy la declaratoria de constitucionalidad de la iniciativa, tras ser avalada por 18 legislativos estatales.
Los estados que dijeron "sí" son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.
La iniciativa, que entrará en vigor en 2018, requería la aprobación de la mayoría de los 32 congresos locales porque incluye modificaciones a la Carta Magna.
La reforma otorga autonomía a la Procuraduría General de la República (PGR), que pasará a llamarse Fiscalía General y su titular ejercerá su cargo por nueve años y será designado por el Senado.
Además, establece la posibilidad de que el presidente forme un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso.
En caso de un Gobierno de coalición, el programa y el gabinete presidencial, excepto los secretarios de Defensa y Marina, deben ser aprobados por la Cámara alta.
La reforma contempla la creación del Instituto Nacional Electoral (INE), que asumirá algunas funciones que actualmente corresponden a los órganos electorales de los estados, y establece la reelección de legisladores locales y federales.
Los senadores podrán ser elegidos hasta por dos periodos consecutivos, mientras que los diputados federales hasta por cuatro periodos consecutivos, para un total de 12 años en ambos casos.
La reforma aumenta de 2 al 3 % el mínimo de los votos necesarios para mantener el registro como partido político y eleva a rango constitucional la equidad de género en candidaturas.
Asimismo, establece la posibilidad de anular una elección federal o local por varias causas, entre ellas exceder el gasto de campaña en un 5 % del monto total autorizado y utilizar recursos de procedencia ilícita.
También se fija para el primer domingo de junio la nueva fecha para las elecciones federales y locales, salvo las de 2018, que se llevarán a cabo el primer domingo de julio, y se adelanta la ceremonia de investidura presidencial al 1 de octubre, en lugar del 1 de diciembre.
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