Consejero de Inusa rechaza declarar por el plan zonal de basuras del Brugal

Orihuela (Alicante), 5 dic.- El miembro del Consejo de Administración de la empresa de recogida de basuras Inusa José Candel se ha acogido hoy a su derecho a no declarar ante el juez de Orihuela que investiga la rama del Brugal sobre las posibles ilegalidades en la adjudicación del plan de residuos de la Vega Baja.

Inusa, que recoge los residuos de la ciudad de Alicante, es una empresa participada por el constructor Enrique Ortiz, otro de los imputados en esta y otras ramas del caso Brugal, mientras que a Candel el juez le atribuye los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude.

Junto a su abogado, el consejero de Inusa ha permanecido en el Palacio de Justicia de Orihuela entre las 09:40 y las 10:10 horas y, tras negarse a declarar ante el titular del juzgado de instrucción número 3, Carlos San Martín, también ha declinado hacer comentarios a los periodistas que le esperaban a la salida.

Candel es el penúltimo imputado en comparecer en la actual ronda de declaraciones dentro de esta pieza separada del Brugal, ya que sólo queda Ángel Luis Bracho, después de que la declaración de éste último fuera aplazada el pasado 30 de noviembre hasta el próximo día 16.

En la actual ronda han pasado por el juzgado el expresidente de la Diputación y actual mandatario del puerto de Alicante, José Joaquín Ripoll, los industriales Ángel Fenoll y su hijo, Antonio Ángel, y el supuesto intermediario Rafael Gregory.

Al igual que ahora Candel, todos ellos rechazaron declarar a la espera de que se sustancien los recursos planteados ante la sección séptima de la Audiencia Provincial por la posible nulidad de las escuchas policiales que dieron pie a la investigación.

Del mismo modo, fue interrogado el constructor Ortiz, quien a diferencia de los anteriores leyó un alegato en el que negó que Ripoll le hubiera pedido dinero o pisos para beneficiarle en el concurso de basuras comarcal.

Paralelamente a esta rama del Brugal, hay una veintena de piezas separadas, entre otras la que investiga supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante y en el concurso de basuras de la ciudad de Orihuela.