Sánchez levanta el control financiero del Estado sobre los pagos de la Generalitat

  • El Consejo de Ministros suspende la intervención total del sistema de pagos de la Administración catalana, que podrá volver a pagar sus facturas 
Isabel Celaá durante la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Ministros
Isabel Celaá durante la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Ministros
EFE

Primer gesto de Pedro Sánchez con Cataluña. El nuevo Gobierno socialista no ha tardado ni 24 horas en levantar el esquema de control financiero total que Cristóbal Montoro impuso el pasado mes de septiembre a la Generalitat de Cataluña para evitar el desvío de fondos presupuestarios a la causa de la independencia.

El documento, un acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, preveía el mantenimiento de esta intervención de los flujos de caja de la Generalitat en tanto no se considerara superado ese riesgo o en tanto no hubiera un acuerdo similar para su retirada. Lo que está claro es que este viernes se ha cumplido el segundo requisito.

En su momento, el Ministerio de Hacienda justificó esta intervención por el riesgo para el interés general y para la financiación de los servicios básicos en Cataluña que suponía la posibilidad de que el Govern de la Generalitat desviara fondos presupuestarios a actividades no legales, como la financiación del referendum del 1-O o el apoyo de la causa independentista en Cataluña. 

La portavoz de Gobierno, Isabel Celaá, ha anunciado la decisión en su primera rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha avanzado que el nuevo Ejecutivo suspenderá el esquema de supervisión reforzada que obligaba a la Intervención de la Generalitat de Cataluña a vehicular a través del Estado todos sus gastos para que fuera éste el que liberara el pago efectivo de los gastos a los proveedores de bienes y servicios de la Administración catalana y también de los programas presupuestarios de la Generalitat.

El Gobierno ha dado en la mañana de este viernes las preceptivas instrucciones a los bancos para que la Generalitat de Cataluña pueda ejecutar con normalidad los pagos que le corresponden sin tener que acreditar ante las entidades el control previo del Ministerio de Hacienda.

La decisión del Gobierno se produce apenas un par de días después de que el secretario de Organización del PSOE y actual ministro de Fomento, José Luis Ábalos, avanzara que el nuevo Gobierno no levantaría las medidas de control sobre la Generalitat de Cataluña.

Celaá ha justificado la decisión del nuevo Gobierno como un gesto de "normalidad política" en la confianza de que "funcionará bien" y ha subrayado que esta maniobra no significa "en absoluto" que el Gobierno "no vaya a estar informado de las eventuales partidas que pudieran dirigirse a cuestiones catalanas", informa la Agencia EFE.

Un esquema de control absoluto del gasto de la Generalitat

El Acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del pasado 15 de septiembre establecía el control total, entre otras cosas, del pago de las nóminas de los funcionarios de la Generalitat y de todos los gastos - hasta los menos relevantes- asociados a la ejecución de las políticas de Educación, Sanidad y Servicios Sociales, es decir, lo que se conoce como prestaciones sociales básicas. El Gobierno situó de este modo bajo control del Estado un flujo mensual de 1.400 millones de euros de gastos.

El asunto no sólo tenía una indudable trascendencia operativa, ya que impedía a la Generalitat aprobar un solo pago u operación financiera si la Hacienda Pública no daba su visto bueno previo a la operación, sino también un tremendo fondo político, ya que ponía en manos del Gobierno Central una poderosa arma de negociación con el Govern catalán.

La orden activada en su día por el Gobierno de Mariano Rajoy vinculaba de forma directa la financiación a Cataluña a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) al respeto del Govern de la Generalitat a las disposiciones previstas en la misma. Hay que recordar que Cataluña recibirá este mismo año 2018 cerca de 10.000 millones de euros de financiación por este cauce y que éstos son absolutamente necesarios para que la Administración catalana atienda los compromisos con sus acreedores derivados de sus operaciones de endeudamiento.

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